El Post

Lo esencial: El INRA fue intervenido ayer por el Viceministerio de Autonomías en respuesta a una serie de denuncias que ponen en riesgo la legalidad y transparencia de la entidad.

La intervención en las oficinas de La Paz se produjo tras verificar la ausencia del director nacional de su despacho.

Por qué importa: La crisis institucional podría invalidar numerosas resoluciones emitidas después del 7 de noviembre debido a la ausencia de autoridades formalmente nombradas.

Se han anunciado auditorías intensivas e investigaciones penales para restaurar la legalidad administrativa.

Estado actual:

La intervención respondió a denuncias de firmas resoluciones discrecionales de dotación de tierras para beneficiar a agrupaciones y personas vinculadas al gobierno anterior, permitiendo que avasalladores accedan a predios.

La crisis se ve agravada por la ausencia de un viceministro de Tierras formalmente nombrado.

Las denuncias principales: Seis denuncias graves han provocado la actual crisis y la intervención en el INRA durante 2025.

Sentencia del TCP por tierras indígenas: El Tribunal Constitucional ordenó la restitución de tierras a la comunidad tsimane en Beni, acusando al INRA de vulnerar normas nacionales e internacionales y causar despojos forzados, expulsiones y destrucción del hábitat.

Resoluciones ilegales a avasalladores: El INRA estaba otorgando resoluciones para beneficiar directamente a avasalladores, facilitando el acceso a tierras a grupos ligados al gobierno anterior.

Estancamiento del saneamiento: El INRA dejó pendiente el saneamiento de 6,6 millones de hectáreas, con conflictos por posesión en más de la mitad de ese territorio.

Crisis presupuestaria: El bloqueo de un crédito de USD 40 millones del BID por parte de la Asamblea Legislativa provocó debilidad operativa y despidos de personal técnico.

Denuncia de la Gobernación de Santa Cruz: Luis Fernando Camacho presentó denuncia ante la Fiscalía contra la directora Magdalena Panduro por incumplimiento de deberes.

Falta de cumplimiento institucional: Acusaciones de que el INRA no ha cumplido con sus obligaciones esenciales para resolver disputas agrarias, especialmente en zonas históricamente conflictivas

Los números: La magnitud del problema territorial pendiente refleja una crisis estructural en el INRA.

6,6 millones de hectáreas pendientes de saneamiento con conflictos en más de la mitad.

7,4 millones de hectáreas por sanear según la memoria institucional del INRA.

$us 40 millones de crédito del BID bloqueado por la Asamblea Legislativa.

60 personas aprehendidas por avasallamientos en 2025

Entre líneas:

La intervención evidencia una crisis de institucionalidad más profunda en el manejo de tierras en Bolivia, donde la ausencia de autoridades, el tráfico de tierras y los conflictos políticos se entrelazan.

El INRA reporta “tolerancia cero” contra el tráfico de tierras mientras enfrenta acusaciones de facilitar precisamente esas prácticas ilegales.

Qué sigue:

El Viceministerio de Autonomías iniciará auditorías e investigaciones penales dentro del INRA.

El TCP exige una investigación penal contra funcionarios del INRA y la ABT para identificar responsabilidades, incluso sugiriendo posibles delitos graves debido al impacto cultural y ambiental en el caso del pueblo tsimane.