Radares millonarios: una década de demoras y sospechas
El Post
Lo esencial: Bolivia compró en 2016 un lote de 13 radares franceses a la empresa Thales Air Systems por alrededor de 225 millones de dólares; casi una década después, los artefactos aún no funcionan plenamente.
- El presidente Rodrigo Paz Pereira denunció el domingo este caso como parte de un presunto robo millonario al Estado.
Por qué importa: Más allá de las irregularidades y demoras en torno a esta adquisición del gobierno de Morales (2016), los radares nunca funcionaron para su objetivo principal: la lucha contra el narcotráfico y los narcovuelos.
- La inversión quedó paralizada por falta de normativa y pugnas internas entre ministerios.
El problema de fondo: Bolivia compró el sistema de defensa aérea sin contar con el marco legal para operarlo.
- La Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo de 2014 requería un reglamento en 180 días, que no se elaboró hasta octubre de 2025.
Los hechos: El proyecto SIDACTA enfrentó múltiples obstáculos desde su inicio.
- Los plazos de entrega de 2018 y la ampliación a 2019 se incumplieron sin explicación técnica convincente.
- Para 2022, aunque se reportaba un avance superior al 90%, cinco radares ya instalados no funcionaban.
- Se generó una pugna entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno que bloqueó el uso de los radares.
- En 2021, el Ministerio de Gobierno pidió acceso a la información de los radares, pero Defensa alegó riesgos para la seguridad del Estado
Entre líneas: Diputados de oposición cuestionaron si la larga demora respondía únicamente a mala gestión o si detrás existía protección a redes criminales.
- Esta desarticulación impidió que los radares se usaran contra narcovuelos, su principal objetivo.
Los números:
- Costo reportado: entre 191 millones de euros y 225 millones de dólares.
- 13 radares adquiridos: 7 militares y 6 civiles.
- 11 años de limbo operativo por falta de reglamento (2014-2025).
Qué dicen: El entonces ministro de Defensa, Edmundo Novillo, atribuyó las demoras a la pandemia de COVID-19, una justificación que no calzaba con la realidad: los incumplimientos venían desde mucho antes de 2020.
Estado actual: Recién en 2023 se completó la instalación física de los 13 radares. En 2025 comenzaron a operar de forma parcial, solo en modo de vigilancia pasiva, sin capacidad de interceptación.
- El bloqueo legal fue resuelto en octubre de 2025 cuando el gobierno de Arce promulgó el reglamento pendiente, creando el Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo (COSDEA) y asignando aviones K-8 para misiones de interceptación.
La conclusión: El caso SIDACTA se convirtió en un símbolo de gestiones marcadas por retrasos, falta de control y sospechas de corrupción, siendo citado como uno de los casos emblemáticos de irregularidades durante los casi 20 años de gobiernos del MAS.
