El Post

Lo esencial: El diputado electo Rafael López anunció que impulsará un juicio de responsabilidades contra Evo Morales por presuntos delitos de lesa humanidad, asesinato y extorsión en el operativo del Hotel Las Américas del 16 de abril de 2009.

Por qué importa: La iniciativa busca reabrir uno de los episodios más controvertidos de la gestión de Evo Morales, donde murieron tres extranjeros en un operativo cuestionado que la oposición denunció como “montaje político” para eliminar adversarios del oficialismo.

Los hechos: El operativo del Hotel Las Américas presenta múltiples irregularidades documentadas.

La unidad élite policial actuó sin orden judicial ni presencia fiscal la madrugada del 16 de abril de 2009.

Murieron Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer; Mario Tadic y Elöd Tóásó fueron detenidos.

Las cámaras de seguridad del Hotel fueron desconectadas y las grabaciones eliminadas.

Autopsias en Hungría e Irlanda concluyeron que las víctimas fueron ejecutadas y que no hubo enfrentamiento, contradiciendo la versión del Gobierno.

El caso Matkovic: Zvonko Matkovic, empresario y exdirigente cívico cruceño, estuvo detenido preventivamente durante casi ocho años sin condena, convirtiéndose en símbolo de la manipulación judicial.

Denunció torturas y presiones para autoincriminarse, junto con otros 39 acusados en el proceso que duró once años sin sentencia.

Permaneció en detención sin sentencia y sin pruebas concluyentes en su contra.

Nunca aceptó ningún procedimiento abreviado ni admitió culpa, a diferencia de Mario Tadic y Elöd Tóásó.

Qué dicen: Las denuncias revelan presiones y torturas sistemáticas.

El entonces fiscal Marcelo Soza huyó a Brasil en 2014 y denunció presiones para incriminar a líderes opositores.

Soza confirmó que hubo torturas y ejecuciones extrajudiciales en el operativo.

WikiLeaks filtró un cable señalando que agentes del Estado habrían tendido una trampa al grupo.

El proceso internacional: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible el caso en 2018 y determinó la responsabilidad del Estado boliviano en violaciones graves incluyendo ejecuciones, torturas y detenciones arbitrarias.

En julio de 2024, el caso fue elevado a la Corte IDH tras el pedido de prórroga de Bolivia.

Los números: Algunos sobrevivientes como Elöd Tóásó y familiares de los fallecidos reclaman indemnizaciones de hasta 3 millones de euros, cifras que el Estado boliviano consideró “excesivas”.

Entre líneas: Durante el gobierno de Jeanine Áñez en 2020, la Fiscalía retiró la acusación por terrorismo y el entonces ministro de gobierno Arturo Murillo anunció un nuevo proceso para juzgar a quienes habrían “montado” la operación, marcando un giro en la narrativa oficial.

Qué sigue: La Corte IDH deberá emitir una sentencia definitiva y vinculante mientras la oposición boliviana, tras el anuncio del diputado electo Rafael López, busca reactivar responsabilidades penales dentro del país, más de 15 años después de los hechos.