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Lo esencial: El presidente electo Rodrigo Paz deberá impulsar seis paquetes de leyes urgentes para enfrentar la crisis económica. Sin mayoría de dos tercios en el Legislativo, necesitará alianzas políticas para aprobarlas.

Por qué importa:

Los analistas advierten que la falta de solución a esta crisis multidimensional podría conducir a una recesión prolongada, inflación descontrolada e incremento de la conflictividad social.

La gobernabilidad del nuevo gobierno dependerá de su capacidad para formar coaliciones que permitan aprobar leyes estructurales.

I. Paquete de estabilización fiscal y reducción burocrática: Este paquete tiene la máxima urgencia para estabilizar la economía y restaurar la confianza.

Ley de libertad económica y emprendimiento local: Busca reducir la burocracia, ofrecer créditos baratos para la producción y el comercio, y crear un impuesto único por debajo del 10% para los emprendedores.

Ley de reestructuración del gasto público: Promueve la racionalización, ordenamiento y transparencia del gasto, fundamental para reducir el déficit fiscal.

II. Paquete de abastecimiento de combustibles y divisas: Dada la escasez crítica de diésel, gasolina y dólares, se requiere legislación inmediata. Ninguna oferta de gobierno será viable si en el corto plazo no se resuelve el desabastecimiento y el control del dólar paralelo.

Regulación de abastecimiento de combustibles y divisas: Podría incluir una ley de unificación del tipo de cambio en un esquema de flotación controlada.

Independencia del Banco Central de Bolivia: Proyectos para devolver la independencia técnica y funcional al BCB, impidiendo que actúe como “caja chica” del gobierno.

Recomposición de la matriz de precios de los combustibles fósiles: Orientada a reducir los desbalances fiscales.

III. Paquete de reactivación de inversión en sectores estratégicos: Bolivia debe reactivar la producción de gas y petróleo para revertir la dependencia de importaciones. La producción de gas natural se ha desplomado a aproximadamente 24 millones de metros cúbicos diarios en 2025.

Reforma a la Ley de Hidrocarburos: Proyectos para incentivar la inversión privada, tanto extranjera como nacional, en la exploración y explotación de gas y petróleo.

Legislación para la industrialización del litio (modelo 50/50): Requiere una nueva Ley Marco para la industrialización de YLB con un esquema de regalías 50/50 con Potosí y Oruro.

IV. Paquete de descentralización (Agenda 50/50): La propuesta más ambiciosa de Paz es implementar un nuevo modelo económico basado en la redistribución fiscal.

Ley de redistribución fiscal 50/50: Busca redistribuir los recursos fiscales, destinando el 50% del presupuesto nacional a las regiones y universidades públicas, y el otro 50% al nivel central.

Busca desconcentrar los recursos del Estado “tranca” que concentra más del 80% del Presupuesto General del Estado en el nivel central.

Analistas señalan que esta medida implicaría una reforma muy grande de todo el Estado y es “muy difícil de cumplir”.

V. Paquete de reordenamiento institucional y anticorrupción: Busca restaurar la transparencia y eficiencia en la administración pública en un país que obtuvo la peor calificación en 12 años en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2024.

Leyes de modernización institucional: Restaurar la carrera administrativa, impulsar la meritocracia y la digitalización de la administración pública.

Normas para el cierre de empresas deficitarias: Ley que autorice el cierre o congelamiento de actividades de empresas públicas deficitarias.

Ley de gestión público-privada de la Aduana: Paz ha anunciado el cierre de la Aduana Nacional para ser gestionada bajo una operación público-privada.

VI. Paquete de reforma judicial y designación de autoridades: Aunque no es estrictamente económico, la gobernabilidad requiere la aprobación de leyes orgánicas y la designación de autoridades de control.

Ley de eliminación del Ministerio de Justicia: Paz propone eliminar el ministerio al que considera un “ministerio de coimas y persecución”.

Designación de autoridades clave: Nombramiento del Contralor General del Estado, el Fiscal General del Estado y el Defensor del Pueblo.

Paz asegura que Bolivia tiene una “pésima justicia” y que la reforma es esencial para ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros.

Leyes que requerirán dos tercios de votos: Paz no obtuvo los dos tercios en la ALP, lo que convierte la necesidad de mayoría calificada en el principal obstáculo para su gobernabilidad.

Nombramiento del Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado y Defensor del Pueblo.

Ley Marco de Autonomías y otras disposiciones importantes de descentralización.

Nombramiento de Embajadores y Ministros Plenipotenciarios.

Ascensos a los grados máximos de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Leyes que necesitarán reforma constitucional: Las propuestas más profundas de Paz podrían requerir una reforma constitucional parcial o total, que a su vez requiere 2/3 de la ALP y, por regla general, referendo.

Descentralización del Presupuesto (Agenda 50/50): Podría chocar con la concepción actual de Estado Unitario.

Modificación del modelo económico: Si busca revertir el rol protagónico del Estado en la economía establecido en la CPE.

Reforma de la justicia: Paz ha propuesto modificar la CPE para reformar la justicia, incluyendo la anulación de la reelección presidencial.

Mecanismos de Designación: Modificar los requisitos o el mecanismo de designación de autoridades constitucionales.

Estrategia de alianzas del PDC: El nuevo gobierno enfrentará un inicio de gestión marcado por la obligación de negociar con la oposición en un Congreso fragmentado. El PDC se está moviendo hacia una “democracia pactada”, esencial para la gobernabilidad.

Qué sigue:

La necesidad de lograr los 2/3 para nombramientos cruciales y para implementar cambios estructurales será el principal campo de batalla político para la administración de Paz Pereira.
Lograr leyes en la ALP demanda un acuerdo trascendental que permita concertar y, si es inevitable, establecer un cogobierno compatible con un plan incluyente.