TSJ ataca autoprorrogados del TCP; Libre duda realización del balotaje
Lo esencial: El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía de Chuquisaca contra los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional por resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones.
Por qué importa: El hecho desató una “guerra de tribunales” que según la Alianza Libre podría poner en riesgo el balotaje del 19 de octubre, generando dos interpretaciones opuestas:
- La Alianza Libre la considera la culminación de un plan para provocar la anulación de las elecciones.
- Un amplio frente institucional respalda al TSJ, como un acto necesario para restaurar la legalidad contra magistrados que debieron cesar en diciembre de 2023.
Los denunciados: La acción legal apunta a cinco magistrados del TCP que continúan en funciones mediante una autoprórroga que el TSJ considera ilegal.
- Gonzalo Hurtado.
- René Yván Espada.
- Karem Lorena Gallardo.
- Isidora Jiménez Castro.
- Julia Elizabeth Cornejo.
El plan denunciado: La Alianza Libre identifica cuatro acciones:
- La denuncia de Saucedo introduce conflicto judicial a días de la votación.
- Se presentó un proyecto de ley de suspensión de vocales (aunque fue retirado).
- Se creó una comisión parlamentaria para investigar un supuesto fraude en la primera vuelta del 17 de agosto pasado.
- La ley para suspender magistrados del TCP, deja al país sin control constitucional.
Frente de apoyo: La medida de Saucedo cuenta con respaldo de múltiples instituciones y figuras políticas.
- El Tribunal Agroambiental y su presidente Cristhian Méndez.
. - El Consejo de la Magistratura con José Baptista.
- La Brigada Parlamentaria Cruceña.
- El gobernador Luis Fernando Camacho.
- Abogados del ala “evista” como Wilfredo Chávez y Nelson Cox.
- Eduardo Rodríguez Veltzé apoya la salida pero critica que “tomó 10 meses para que el TSJ se pronuncie”.
Entre líneas: La Alianza Libre argumenta que la renovación judicial “debe ser tarea del nuevo gobierno elegido legítimamente en las urnas”.
*Alerta que cualquier intento de alterar el proceso electoral “va en contra de la voluntad popular y del compromiso firmado por todos los poderes del Estado”.
La conclusión: Bolivia queda atrapada entre dos visiones enfrentadas sobre esta crisis judicial: una denuncia de maniobra desestabilizadora para anular la voluntad popular versus la defensa de un acto necesario para recuperar el orden constitucional.
