Los accidentes e incidentes aéreos en Bolivia crecieron un 111% entre 2020 y 2021, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), pese a que el país alcanzó un 92,32% de implementación en seguridad operacional según la OACI.
Alrededor de 148.059 bolivianos residen actualmente en Chile, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y al menos 60.000 de ellos viven en situación de pobreza, lo que los convierte en el segundo grupo migrante más afectado.
Investigaciones científicas internacionales advierten que existe entre 15% y 25% de probabilidad de que en 2026 se desarrolle un “Superniño”, un fenómeno climático extremo que incluye a Bolivia en su radio de impacto, pero el país aún no muestra señales claras de estar preparado.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, formalizó el 14 de abril una denuncia penal contra un capitán que integraba su equipo de seguridad y un teniente por encubrimiento e incumplimiento de deberes en el “caso maletas”.
El FMI proyecta que la economía boliviana se contraerá -3,3% en 2026, cifra casi idéntica al -3,2% estimado por el Banco Mundial, confirmando un segundo año consecutivo de recesión tras el cierre negativo de 2025.
El cabildo realizado en El Alto el 11 de abril, liderado por el senador suplente Nilton Condori, demandó reducir a la mitad los salarios de los legisladores, una propuesta con alto impacto político pero efecto fiscal limitado.
El Gobierno anunció que ya cuenta con el borrador de la nueva Ley de Hidrocarburos, una normativa diseñada para enfrentar la crisis energética del país con el objetivo de atraer inversión extranjera e incentivar la producción de gas y petróleo.
Un proyecto de construcción de zanjas en la frontera del altiplano entre Chile y Bolivia ha encendido alertas entre especialistas en biodiversidad, quienes advierten que estas estructuras podrían funcionar como “trampas mortales” para la fauna silvestre.
El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera enfrenta nueve procesos judiciales en Bolivia que continúan su curso en los departamentos de Santa Cruz y Beni, según informó el Fiscal General del Estado, Róger Mariaca.
El plazo para registrar reclamos por gasolina desestabilizada ante YPFB vence el 15 de abril de 2026, mientras que 5.111 vehículos ya recibieron compensaciones por un total de 9,29 millones de bolivianos.