domingo 5 de julio de 2026

Dos ciudadanos bolivianos murieron abatidos por efectivos policiales en Brasil durante un operativo vinculado a una presunta transacción de droga. Uno de los fallecidos fue identificado como integrante de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), hecho que generó repercusión por su pertenencia a esa organización cruceña. Ambos se encontraban a bordo de un vehículo con placa boliviana cuando fueron interceptados por las fuerzas de seguridad brasileñas.

Las autoridades venezolanas actualizaron este domingo el balance de víctimas de los terremotos que golpearon el país y elevaron la cifra de fallecidos a 3.342 personas. El reporte también señala más de 16.000 heridos y miles de damnificados. Equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas por el desastre ocurrido el 24 de junio.

La situación genera preocupación en el sector transporte por las demoras y las pérdidas económicas ocasionadas. Dirigentes señalan que la restricción en el tránsito impide una circulación fluida de la carga internacional, afectando el traslado de mercancías y el cumplimiento de los tiempos de entrega. El sector solicita a las autoridades una solución que permita agilizar el tránsito y reducir el impacto económico para los transportistas afectados.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que las investigaciones por los daños económicos, materiales y hechos de violencia registrados durante los bloqueos continuarán hasta identificar a todos los responsables, incluyendo a presuntos autores intelectuales. La autoridad sostuvo que las pesquisas no se limitarán a quienes ejecutaron las movilizaciones, sino que también alcanzarán a quienes habrían promovido o financiado las medidas de presión, mencionando entre los investigados al expresidente Evo Morales.

El representante del Comité Nacional Multisectorial, Leonel Cóndor Huaira, anunció que la organización se constituirá como parte querellante en los procesos vinculados a los 53 días de bloqueos y solicitará la ampliación de las investigaciones para incluir al expresidente Evo Morales y al dirigente Mario Argollo, a quienes señaló como presuntos autores intelectuales de las movilizaciones. Cóndor Huaira afirmó que los hechos “no pueden quedar impunes” debido a las consecuencias que dejaron las protestas, entre ellas víctimas fatales y perjuicios económicos.

El dirigente campesino Vicente Salazar permanece en celdas de la FELCC de La Paz a la espera de su audiencia de medidas cautelares, luego de haber sido aprehendido en el marco de las investigaciones por los 53 días de bloqueos en el país. Salazar se acogió a su derecho al silencio durante su declaración informativa. La Fiscalía lo investiga por presuntos delitos como instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo y atentados contra servicios públicos y medios de transporte.

El Gobierno venezolano anunció un paquete de medidas económicas para apoyar a las personas afectadas por los terremotos, entre ellas un programa de financiamiento para damnificados, subsidios del 80% para créditos hipotecarios y exenciones de tasas e impuestos vinculados a viviendas, además de prohibir la exportación de materiales de construcción para priorizar la reconstrucción.

El líder de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, criticó la aprobación del PGE 2026 al considerar que no incorpora cambios de fondo para enfrentar la crisis económica y mantiene problemas estructurales del país. Aseguró que el Gobierno desestimó las sugerencias y aprobó un presupuesto que, a su juicio, “es insuficiente en todas las áreas”, ya que no modifica la situación deficitaria del Estado, no reduce el gasto burocrático ni aborda la situación de empresas estatales deficitarias.

Lo esencial: La Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor reforzará las acciones de orientación, atención y revisión de casos relacionados con contratos afectados por la implementación del régimen de tipo de cambio flexible, luego de que surgieran reclamos por modificaciones en cuotas y condiciones.

Por qué importa: Los usuarios que consideren vulnerados sus derechos podrán acudir a sus oficinas para recibir orientación y una evaluación de cada caso, precisando que el análisis se realizará en el marco de la Ley 453 y la normativa vigente, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de los consumidores.