Salazar pasa a celdas de la FELCC mientras la Túpac Katari se declara en emergencia
Edición cerrada a las 18:33
Lo esencial: La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) informó que el Decreto Supremo 5647, promulgado el 29 de junio, no establece ni autoriza incrementos en las tarifas de energía eléctrica, sino que busca fortalecer mecanismos de estabilización tarifaria para evitar variaciones en los costos.
Por qué importa: La institución también precisó que ninguna empresa distribuidora puede aplicar incrementos de manera unilateral o fuera del marco regulatorio vigente, ya que cualquier modificación debe ser aprobada por la AETN.
La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” rechazó la detención de su secretario ejecutivo, Vicente Salazar, calificándola como arbitraria e ilegal. En un comunicado, la organización sostuvo que la aprehensión no constituye un hecho aislado, sino parte de una presunta persecución política contra dirigentes sociales y sindicales que representan a sectores campesinos, indígenas y populares del departamento paceño.
La federación exigió la liberación inmediata de Salazar y pidió a sus afiliados mantenerse unidos frente al proceso judicial que también, según señalaron, alcanza a otros dirigentes y miembros del sector.
Según la Fiscalía, entre los delitos que se atribuyen al dirigente figuran presuntos hechos vinculados a terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y asociación delictuosa.
La investigación fue presentada por el Comité Pro Santa Cruz y también alcanza al expresidente Evo Morales y al dirigente de la COB, Mario Argollo.
Transportistas y conductores de Santa Cruz manifestaron su preocupación por la persistente falta de combustibles y señalaron que las largas filas en estaciones de servicio les obligan a destinar más tiempo a esperar la carga de carburantes que a desarrollar sus actividades laborales. Indican que esta situación afecta sus ingresos y altera su rutina diaria, ya que las demoras reducen tanto las horas efectivas de trabajo como el tiempo disponible para compartir con sus familias.
La Gobernación de Santa Cruz informó que la Comisión Agraria Departamental sesionará el 27 de julio para evaluar la problemática de los avasallamientos y determinar la cantidad de predios que se encuentran afectados en el departamento, además de revisar los procesos de dotación y el uso de las tierras asignadas.
El vocero Rolando Schrupp señaló que la instancia buscará asumir medidas estructurales dentro del marco institucional y verificar si algunos terrenos fueron adjudicados en áreas o condiciones que deban ser observadas.
La propietaria de la hacienda Santa Rita, Melissa Barba, denunció un nuevo avasallamiento en el predio ubicado en la provincia Guarayos, Santa Cruz, y aseguró que alrededor de 160 personas armadas ingresaron a la propiedad, intimidando a trabajadores.
La denunciante pidió la intervención inmediata de la Policía y de autoridades nacionales, advirtiendo que la situación puede derivar en hechos de mayor violencia. La defensa legal de Barba sostiene que los ocupantes buscan apropiarse de más de 1.500 hectáreas.
La Fiscalía de La Paz ejecutó una orden de aprehensión contra el representante legal en Bolivia de la empresa europea Crane Currency Malta Limited, encargada de proveer papel monetario al Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco de la investigación por el accidente del avión Hércules FAB-81 ocurrido en El Alto.
El investigado inicialmente fue citado como testigo, pero al no presentarse a declarar pasó a ser sindicado por presunto incumplimiento de contratos, debido a que la empresa no habría concretado una entrega programada de material monetario. El caso también involucra a pilotos y personal vinculado al accidente que dejó víctimas fatales y sigue bajo investigación.
Vicente Salazar, máximo dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, fue aprehendido en El Alto en el marco de las investigaciones por los bloqueos que paralizaron el país entre mayo y junio. La Fiscalía confirmó que el dirigente será puesto ante una autoridad judicial para definir su situación legal.
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo calificó como una “falta de valor civil” la decisión de Evo Morales de no comparecer ante la justicia, donde pesa una orden de aprehensión en su contra por un proceso relacionado con presunta trata. La autoridad sostuvo que todos los ciudadanos deben cumplir sus obligaciones ante la ley, sin importar su condición.
YPFB desistió de la apelación presentada dentro del proceso penal seguido contra comunarios de Entre Ríos, en Tarija, ratificando la sentencia que los absolvió. Sebastián Daroca, presidente de la estatal petrolera, indicó que la decisión busca generar condiciones para avanzar en el proyecto Tariquía mediante una estrategia enfocada en el diálogo y la construcción de acuerdos.
Daroca agregó que la medida pretende reducir los conflictos que frenaron la iniciativa y abrir una nueva etapa de concertación para viabilizar el desarrollo energético en la zona.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó que se traba en la reconfiguración de un fideicomiso de al menos Bs 2.500 millones destinado a reactivar a los sectores productivos afectados por los 53 días de bloqueos.
La iniciativa contempla medidas complementarias como el diferimiento de créditos y la inyección de capital operativo para que los productores puedan retomar sus actividades.
Tras su tratamiento en sesión plenaria, el proyecto presupuestario avanzó a la siguiente etapa del trámite legislativo, pero con ajustes planteados previamente en la Comisión de Planificación. La propuesta será analizada ahora por la Cámara de Senadores, instancia que evaluará el contenido de la norma y las previsiones económicas establecidas para la gestión 2026.