El presidente Rodrigo Paz Pereira convocó a un “gran encuentro nacional” para este sábado 9 de mayo en Cochabamba, en medio de una crisis económica, protestas sociales y sin mayoría legislativa.
El Gobierno implementa una estrategia para reordenar el mercado cambiario mediante la devolución de casi 1.000 millones de dólares en depósitos, la normalización de remesas y la reactivación de pagos internacionales con tarjetas.
La Confederación de Choferes de Bolivia confirmó que asistirá al diálogo con el Gobierno este miércoles 6 de mayo, tras cumplir un paro de 24 horas con bloqueos que paralizaron ocho departamentos del país.
El Gobierno boliviano puso en marcha este lunes un sistema de información diaria sobre el suministro de gasolina y diésel en todo el país, con publicación de volúmenes distribuidos por distrito comercial y canales de consulta ciudadana.
La Confederación de Choferes inicia este martes 5 de mayo un paro nacional de 24 horas que se suma a las movilizaciones activas de la COB, transportistas de Yungas, indígenas y gremiales, configurando una presión multisectorial sin precedentes sobre el Gobierno.
Más de 5.000 autoridades subnacionales asumieron funciones el 4 de mayo de 2026 en Bolivia, inaugurando un ciclo político marcado por la fragmentación del poder y una crisis económica que atraviesa a todas las instituciones del país.
La Central Obrera Boliviana (COB) activó un paro indefinido a nivel nacional con movilizaciones progresivas y bloqueos, tras el rechazo del gobierno de Rodrigo Paz a otorgar incremento salarial, declarando al país en “quiebra técnica”.
La Confederación Nacional de Choferes rechazó la invitación al diálogo del Gobierno y confirmó que este martes paralizará el transporte en todo el país, bloqueando capitales, carreteras y fronteras.
El cierre definitivo del botadero de K’ara K’ara el 30 de abril de 2026, tras 39 años de operación, derivó en un bloqueo total del sistema de residuos de Cochabamba que amenaza con acumular más de 10.000 toneladas de basura en dos semanas.
La imputación contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira por presunta legitimación de ganancias ilícitas expone cómo operan los mecanismos de lavado de dinero en Bolivia, donde empresas, créditos bancarios y alta informalidad convergen con el poder político.