El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, formalizó el 14 de abril una denuncia penal contra un capitán que integraba su equipo de seguridad y un teniente por encubrimiento e incumplimiento de deberes en el “caso maletas”.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba anuló la sentencia de 2024 contra la Resistencia Juvenil Cochala por defectos procedimentales y defectos absolutos no convalidables, obligando a que el proceso vuelva a foja cero.
El accidente de la avioneta CP-3243 en Cochabamba se inserta en patrones globales de tragedias aéreas donde la combinación de fallas técnicas, condiciones fisiológicas y factores humanos resulta determinante, según evidencia internacional de décadas de investigaciones.
Equipos de emergencia rescataron con vida a los dos pilotos de la avioneta CP-3243 que se precipitó en el trópico de Cochabamba este lunes, tras presentar fallas en pleno vuelo mientras cubría la ruta La Paz-Santa Cruz.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, confirmó el envío de un helicóptero y un avión de reconocimiento de la FAB para buscar sobrevivientes tras la desaparición de la aeronave CP-3243 en Cochabamba.
Una aeronave privada Cessna Citation con matrícula CP-3243 perdió contacto con la torre de control aproximadamente 30 minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Santa Cruz, tras detectarse irregularidades en su operación.
El Gobierno de Bolivia, bajo la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira, ha restablecido la cooperación activa con la DEA de Estados Unidos, pasando de la ruptura total de 2008 a un intercambio de inteligencia “sostenido y casi diario”.
La captura del capo colombiano Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias “Mapaya”, el 7 de abril de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, reaviva el patrón de Bolivia como refugio de líderes del crimen organizado internacional.
El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera enfrenta nueve procesos judiciales en Bolivia que continúan su curso en los departamentos de Santa Cruz y Beni, según informó el Fiscal General del Estado, Róger Mariaca.
El caso Consorcio, que destapó una presunta red de injerencia política y judicial en Bolivia, se reactiva tras la revelación de un supuesto acuerdo entre implicados y la magistrada denunciante Fanny Coaquira, quien niega su existencia.