La Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno del presidente Rodrigo Paz se miden este viernes 1 de mayo en una pulseta política marcada por la ausencia de acuerdo salarial, un cabildo laboral sin aval del TSE y un ultimátum de los trabajadores.
El Tribunal Constitucional Plurinacional opera con solo cuatro magistrados de los nueve que debería tener, mientras más de 18.000 causas permanecen sin resolver y las máximas autoridades judiciales exigen a la Asamblea Legislativa convocar elecciones judiciales.
El presidente Rodrigo Paz convocó a un gran encuentro nacional y propuso eliminar los pliegos petitorios como mecanismo de negociación con los sectores sociales, reemplazándolos por planes de trabajo con compromisos verificables.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira intensifica su estrategia de ajuste fiscal con enfoque social mientras enfrenta el encarecimiento del petróleo, que amenaza con desbordar las previsiones del Presupuesto 2026.
El gobierno de Rodrigo Paz designó a José Luis Gálvez, investigador social y experto en opinión pública con más de dos décadas de experiencia, como nuevo vocero presidencial.
La Central Obrera Boliviana (COB) enfrenta dos reveses en vísperas del 1 de mayo: el Comité Multisectorial rechazó su demanda de incremento salarial del 20% y el Tribunal Supremo Electoral negó la veeduría para su cabildo en El Alto.
El Gobierno boliviano abre la comercialización de combustibles al sector privado en un contexto de déficit fiscal del 12,2% del PIB, contracción económica del 1,58% y reservas internacionales de apenas 144,4 millones de dólares.
La Sala Constitucional Tercera de El Alto admitió una Acción de Amparo Constitucional presentada por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Marcelo Blanco Quintanilla, y ordenó suspender la interpelación que estaba programada para el 30 de abril.
Choferes, la COB y médicos de la seguridad social intensifican protestas con paros y bloqueos esta semana, mientras el Gobierno denuncia un “proceso conspirativo” y mantiene abierta la posibilidad de diálogo.
A casi 19 años de que Bolivia denunció el Convenio del CIADI, el principal mecanismo internacional de arbitraje entre Estados e inversionistas, el debate sobre la seguridad jurídica del país resurge en un contexto de escasez de divisas y necesidad de atraer capital externo.