El vicepresidente Edmand Lara y su esposa, la diputada Diana Romero, al momento de formalizar el recurso ante el TCP. Foto: APG

Lara presenta una acción de inconstitucionalidad ante el TCP contra el Decreto 5552

Lo esencial: Edmand Lara, vicepresidente del Estado, presentó este lunes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5552.

  • El Vicepresidente considera que la norma reduce drásticamente sus atribuciones al transferir funciones administrativas y presupuestarias al Ministerio de la Presidencia, liderado por José Luis Lupo.

Por qué importa: La acción activa el mecanismo constitucional de control de constitucionalidad y abre un debate sobre la autonomía de la Vicepresidencia y la distribución de poderes dentro del Órgano Ejecutivo.

Los hechos: El Decreto 5552 modifica el Decreto 4857 mediante un nuevo artículo 11 bis, redefiniendo el alcance operativo de la Vicepresidencia.

  • La Vicepresidencia no podrá ejecutar procesos administrativos o judiciales propios ni contar con representaciones regionales o sectoriales.
  • Todos los recursos del Presupuesto General del Estado 2026, así como activos, pasivos, contratos, convenios y procesos judiciales, se transferirán a otros ministerios, que podrán revisarlos o modificarlos.

Qué dicen:

  • Lara sostuvo que el decreto deja a su despacho prácticamente sin capacidad de decisión operativa, y queda como “empleado de Lupo”.
  • Afirmó que su acción legal busca defender la institucionalidad de la Vicepresidencia y el equilibrio constitucional dentro del Ejecutivo.
  • El senador de Alianza Unidad, Nilton Condori, respaldó la acción y afirmó que el decreto convierte al vicepresidente en “un funcionario más” y limita el rol constitucional de su despacho.

Implicaciones institucionales: El DS 5552 ha generado un debate sobre la distribución de poderes dentro del Órgano Ejecutivo y la autonomía de la Vicepresidencia frente a la Presidencia.

  • La acción ante el TCP podría marcar un precedente histórico en el uso del control constitucional para proteger la independencia de un órgano estatal y definir los límites de la autoridad ejecutiva en la gestión administrativa y presupuestaria.

Qué sigue: Lara anunció que presentará recursos legales en todas las instancias posibles y que trabajará con su equipo jurídico para agotar todos los mecanismos previstos en la Constitución Política del Estado (CPE), al tiempo que llamó al TCP a evaluar la acción de manera objetiva y conforme a la ley.

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