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Lo esencial: El Tribunal Supremo Electoral inhabilitó el 19 de febrero al exgobernador Mario Cossío como candidato a la Gobernación de Tarija, a un mes de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, revocando la habilitación previa del Tribunal Electoral Departamental de Tarija.

Por qué importa: La decisión abre un cuestionamiento sobre si las reglas electorales se están aplicando con uniformidad o bajo criterios selectivos, poniendo en debate la credibilidad institucional del árbitro electoral boliviano en un proceso ya marcado por tensiones institucionales.

El núcleo del fallo: El TSE concluyó que Cossío no logró acreditar el requisito constitucional de residencia permanente de dos años debido a una contradicción documental.

Presentó una declaración notarial afirmando residencia continua en Tarija.

Una certificación del organismo de refugio paraguayo confirmaba que su estatus de refugiado seguía vigente.

Para el TSE, ambas condiciones resultan incompatibles.

La controversia jurídica: El TED tarijeño había aplicado la Sentencia Constitucional 009/2022, que permite computar el tiempo de exilio para ciudadanos refugiados, pero la Sala Plena optó por una interpretación estrictamente documental.

La decisión fue tomada por seis vocales tras la recusación del presidente del TSE, Gustavo Ávila, apartado por pronunciamientos previos considerados comprometedores para su imparcialidad.

El precedente Revilla y el doble estándar: Semanas antes, el TSE había habilitado la candidatura del exalcalde paceño Luis Revilla, aplicando el criterio de que el exilio forzado no constituye una ausencia voluntaria y no interrumpe la residencia.

Para Revilla la persecución política fue considerada un eximente suficiente.

En el caso de Cossío la condición de refugiado activo fue usada como prueba de incumplimiento.

Esta asimetría alimenta la acusación política de una “jurisprudencia selectiva”.

Otros casos resueltos: El TSE también ratificó la habilitación del alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa, rechazando las impugnaciones contra su candidatura.

Reyes Villa ejerce funciones desde 2021, lo que le permite acreditar residencia continua mediante gestión pública.

Entre líneas: Para analistas electorales, el contraste proyecta la imagen de un tribunal que protege candidaturas consolidadas en regiones estratégicas mientras excluye liderazgos con retorno político reciente.

Excluir a un candidato con alta intención de voto podría desestabilizar una plaza central; excluir a un candidato regional con estructura debilitada implica menor costo político nacional.

La tesis opositora: Desde la oposición, la inhabilitación fue interpretada como parte de un patrón de “proscripción administrativa”: decisiones formalmente legales que, acumuladas, terminan redefiniendo el mapa político antes del voto.

También fueron excluidos Yerko Núñez en el Beni y Víctor Hugo Zamora en Tarija.

Cossío habló de “tratamiento discriminatorio” y de una consigna política para impedir su participación.

Otros actores opositores calificaron la medida como un golpe al derecho ciudadano de elegir.

La respuesta oficial: Desde sectores vinculados a la Alianza Patria, voceros sostienen que la inhabilitación no responde a factores políticos sino a una falla estratégica de la defensa del candidato, que presentó documentos jurídicamente incompatibles.

Bajo esta lectura, el tribunal no hizo más que aplicar la ley y la discusión no sería sobre persecución política, sino sobre negligencia procesal.

Qué sigue: El equipo jurídico de Cossío anunció un amparo constitucional en La Paz por presunta vulneración del debido proceso y anticipó recursos ante organismos internacionales de derechos humanos, alegando violación de derechos políticos y desconocimiento de tratados sobre refugio.

Si el litigio escala a tribunales internacionales, el conflicto podría trascender el calendario electoral.

El impacto en Tarija: Con el plazo de sustituciones acercándose y la impresión de papeletas en marcha, las organizaciones políticas enfrentan una carrera contra el tiempo para reorganizar candidaturas.

La legitimidad del proceso electoral no depende únicamente de la jornada de votación, sino de la confianza previa en las reglas del juego.

Cuando la habilitación o exclusión de candidatos se vuelve imprevisible, surge la percepción de que las elecciones pueden decidirse antes de abrir las urnas.