El Post

Lo esencial: A tres semanas del anuncio oficial de la creación de la Junta por la Paz impulsada y liderada por Donald Trump, los gobiernos del mundo y organismos internacionales se han mantenido en una postura que oscila entre la cautela y el rechazo.

La propuesta, presentada oficialmente en el Foro Económico Mundial en Davos, no ha logrado un respaldo universal y enfrenta profundos cuestionamientos sobre su legitimidad.

Por qué importa: La Junta por la Paz surge como un mecanismo para supervisar el alto el fuego y la reconstrucción en la Franja de Gaza, con el objetivo de extenderse posteriormente a otros conflictos globales.

A diferencia de la ONU, no se basa en tratados internacionales universales, sino en una estructura de liderazgo dominada por Trump con reglas internas independientes.

Expertos sugieren que la pretensión de Trump es crear una plataforma política paralela que compita con el Consejo de Seguridad de la ONU, debilitando el sistema multilateral tradicional.

Los números: El modelo de financiamiento de la Junta por la Paz ha encendido alarmas internacionales.

Membresía permanente: Trump propone un aporte de 1.000 millones de dólares (1 billón en nomenclatura inglesa) para asegurar un asiento de por vida.

Membresía temporal: Quienes no realicen este aporte pueden optar por una participación de tres años sin requisito financiero fijo.

Invitaciones enviadas: Se estima que cerca de 60 países han recibido invitaciones para unirse a esta iniciativa

Estado actual: La recepción internacional ha sido heterogénea según la región, con respuestas divididas entre aceptaciones y rechazos.

Aceptaciones explícitas: Argentina, Israel, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán han confirmado su participación. Argentina anunció que hará efectivo el pago.

Aceptaciones con condiciones: Canadá aceptó unirse, pero aclaró explícitamente que no pagará los 1.000 millones de dólares.

Caso Rusia: Ha condicionado un posible aporte a la liberación de sus activos congelados en EEUU, aunque no hay pagos confirmados.

Rechazos europeos: España rechazó la invitación en defensa del multilateralismo de la ONU; Francia y Reino Unido han mostrado un claro distanciamiento.

Condiciones de Italia: Señaló que su constitución limita la adhesión a organismos donde no exista igualdad entre los miembros, exigiendo cambios estructurales.

Qué dicen: Analistas internacionales han sido críticos con la naturaleza de la organización.

Hugh Lovatt (británico, Senior Policy Fellow, especialista en política internacional): “La iniciativa tiene menos que ver con la paz y más con la imposición de un nuevo orden global transaccional”.

Richard Gowan (británico, Director del programa de asuntos globales e instituciones del International Crisis Group): “El proyecto busca sustituir a la ONU por una organización boutique que Trump pueda controlar completamente”.

Nomi Bar-Yaacov (británica israelí, abogada internacional y experta en resolución de conflictos): Cuestiona la legitimidad de la junta al considerar la inclusión de líderes acusados de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional.

El caso de Bolivia: Bolivia no fue invitada a formar parte de la Junta por la Paz. Los motivos parecen ser geopolíticos: el país mantiene una postura independiente frente a Washington y sus prioridades diplomáticas no están alineadas con la visión de Trump para Medio Oriente.

Bolivia sí fue invitada a la Cumbre de Miami, un evento regional enfocado en coordinar políticas frente a la influencia de China en América Latina.

La no invitación a la Junta por la Paz tiene efectos limitados para Bolivia, ya que muchos países importantes también han decidido no participar.

El país se encuentra actualmente priorizando la normalización de sus relaciones bilaterales con EEUU en otros ámbitos prácticos.

Qué sigue: En los próximos días se espera que se definan los estatutos públicos y los tratados constitutivos que aún no existen. Asimismo, queda pendiente la realización de una primera reunión fundacional con una lista oficial de miembros que aclare quiénes efectivamente realizarán los aportes económicos exigidos.