Derrota judicial para Petrobras: 17 activistas ambientales libres de cargos
El Post
Lo esencial: La empresa brasileña Petrobras pierde terreno en su pulseta por la exploración y explotación del área protegida de Tariquía (Tarija) al habérsele caído una demanda contra 17 activistas, un caso que expone la fragilidad institucional que rodea la exploración del pozo Domo Oso X3.
Por qué importa: El caso revela una estrategia de judicialización de la protesta ambiental, pues se acusaba a la resistencia local contra proyectos extractivos como “asociación delictuosa”, mientras persiste poca claridad sobre la licencia ambiental del pozo.
- La caída de la demanda devuelve el foco a la verdadera incógnita del asunto: la transparencia de la licencia ambiental del pozo Domo Oso X3.
Estado actual: Aunque un frente judicial fue desestimado, la presión legal continúa sobre las comunidades defensoras de Tariquía.
- Frente desestimado: Fiscalía rechazó cargos contra 17 personas por ausencia de pruebas.
- Frente activo: 12 personas imputadas esperan juicio oral desde octubre de 2024.
- Medida cautelar vigente: Suspensión de actividades por 30 días según Resolución 06/2026.
El problema de fondo: El conflicto trasciende la ubicación geográfica del pozo y expone una disputa sobre el impacto ambiental real y la transparencia administrativa.
- Posición estatal: El pozo está a 1,5 km fuera de la Reserva Nacional Tariquía.
- Posición del Concejo Municipal: Afecta la Cuenca de Saicán, zona de recarga hídrica vital para 22 comunidades.
- Licencia Ambiental: Emitida el 10 de julio de 2025, pero publicada en septiembre de 2025, anulando el plazo legal de 10 días para impugnaciones.
Los números: El gobierno justifica el proyecto bajo una lógica de urgencia macroeconómica con proyecciones millonarias.
- Inversión inicial: $us 40 millones (60% Petrobras, 40% YPFB Chaco).
- Potencial estimado: 2,8 TCF (trillones de pies cúbicos).
- Retorno proyectado: $us 900 millones en ingresos para el país.
Entre líneas: Existe una asimetría estructural en la definición de “seguridad”: mientras el Estado la define en términos de flujos de capital e inversión, las comunidades la consideran a través de la integridad de sus fuentes de agua.
Qué sigue: El juzgado Agroambiental de Entre Ríos exige al Ministerio de Hidrocarburos y al Parlamento entregar toda la documentación del contrato de San Telmo Norte (95,250 hectáreas), obligando a transparentar expedientes que hasta ahora se manejan principalmente mediante comunicados de prensa.
