Lo esencial: Este viernes 13 de febrero vence el último plazo para que el Estado boliviano cumpla las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y repare integralmente a las víctimas del caso “Hotel Las Américas”.

Si no hay resarcimiento, el proceso será remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para un juicio internacional vinculante.

Por qué importa: El eje del debate es el monto de la indemnización. Según estimaciones en reuniones entre una de las víctimas, Juan Carlos Guedes y el exprocurador del Estado y exministro de Justicia, César Siles:

Si se pagara alrededor de $us 700.000 a cada uno de los 39 afectados que estuvieron privados de libertad entre seis y diez años, el total podría superar $us 27 millones, sin contar indemnizaciones diferenciadas.
El fallo de la Corte IDH sería obligatorio y vinculante para el Estado boliviano.

Los hechos: Luego de un largo proceso, en su Informe de Fondo 394/21, en octubre de 2024 la CIDH concluyó que el Estado boliviano es responsable por la violación de derechos a la vida e integridad personal, especialmente en el caso de Michael Dwyer (recibió disparos de arma de fuego y perdió la vida), y determinó que varios sobrevivientes fueron víctimas de tortura, detención ilegal y vulneraciones a sus garantías judiciales, por lo que determinó:

Reparación integral con compensación económica por daños materiales e inmateriales y medidas de satisfacción.
Atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas, conforme a su voluntad.
Investigación penal diligente y efectiva, sin posibilidad de alegar prescripción.
Medidas de no repetición, incluyendo formación permanente en derechos humanos para la Policía, el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Los números: Las cifras en discusión marcan la dimensión económica del caso.

La madre de Michael Dwyer solicitó 3.137.942 euros.
Mario Tadic, otra víctima, demandó 752.690 euros.

Qué dicen:

Guedes exhortó al Estado a cumplir antes de que el caso escale y advirtió que, “si llega a Costa Rica, el Estado deberá definir si defiende lo ocurrido o si transa con las víctimas en el marco de las recomendaciones de la CIDH”.
Siles consideró que algunos de los montos reclamados eran “no razonables”.

Contexto: El caso se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un grupo élite de la Policía irrumpió en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, en un operativo que el entonces Gobierno calificó como una acción contra el terrorismo. A partir de ese hecho se inició el denominado caso Terrorismo.

En ese lugar, esa unidad policial realizó detonaciones y con disparos de arma de fuego, segó la vida de Michael Dwyer, Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi. Además, fueron detenidos Elöd Tóásó y Mario Tadic y, el 28 del mismo mes, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Las cuatro personas detenidas denunciaron haber sido torturadas y que los encarcelaron entre seis y 10 años.
El caso fue cerrado en 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez. En ese entonces, el exministro de Gobierno Arturo Murillo retiró a su despacho como parte acusadora del proceso, tras lo cual la Fiscalía y el Órgano Judicial dispusieron el cierre del caso.

Juicios ganados: Guedes señaló que las víctimas le ganaron al Estado un juicio interno en Bolivia y ante la CIDH.

“En la Corte de Costa Rica no va a ser diferente, vamos a ganar igual porque el argumento del Gobierno no tiene sustento legal, porque no va a pelear por algo que nunca existió (la célula terrorista), porque en 11 años y medio, con toda la maquinaria judicial y política, no nos pudieron sentenciar y fuimos absueltos”, remarcó.

Otro juicio: Guedes anunció que, una vez concluido el juicio en la Corte de Costa Rica, llevarán al expresidente Evo Morales ante la Corte Internacional de La Haya, en Holanda, por las muertes extrajudiciales. Dijo que ya existe una demanda interpuesta por la madre de Michael Dwyer.

Qué sigue: Si este viernes no se concreta el acuerdo ni el pago, la CIDH remitirá el caso a la Corte IDH, donde se abrirá un proceso contencioso internacional. La Corte podrá fijar montos de indemnización, ordenar investigaciones y supervisar medidas estructurales, y el incumplimiento podría derivar en mayores responsabilidades internacionales e impacto político y diplomático para Bolivia.