Con 28 puntos en corrupción, Bolivia se acerca al grupo de alto riesgo institucional

El Post

Lo esencial: Bolivia llega a 2026 con un puntaje cercano a 28/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), ubicada en el tercio más corrupto del planeta, según Transparency International, sin cambios estructurales visibles y con una brecha creciente frente a países de la región.

Panorama general: El IPC más reciente sitúa a Bolivia muy por debajo del promedio de las Américas y cerca del bloque de alto riesgo institucional, en un contexto regional descrito como estancado.

Los números: La posición de Bolivia en el IPC se explica por indicadores comparativos y casos emblemáticos.

• Puntaje cercano a 28/100 en el IPC 2024, frente a un promedio regional de 40–42 puntos.

• Ubicación alrededor del puesto 133 de 180 países en el ranking.

El problema de fondo: El análisis identifica tres ejes estructurales que alimentan la percepción de corrupción.

• Una justicia con independencia erosionada, marcada por la prórroga de mandatos de magistrados y procesos judiciales que avanzan de forma desigual.

• La ausencia de una Ley integral de Acceso a la Información Pública, combinada con presiones económicas a medios y concentración de la pauta estatal.

• La expansión del crimen organizado, con Bolivia señalada como nodo logístico y con penetración en estructuras locales y sistemas de control.

Los casos: Dos escándalos concentran gran parte de la atención en los informes y percepciones.

• YPFB, con investigaciones, allanamientos en 2025 y esquemas de desvío de combustibles hacia países vecinos y el mercado negro interno.

• El Fondo Indígena, con más de una década sin cierre definitivo, proyectos fantasma y causas judiciales sin reparación proporcional.

Entre líneas: Para el IPC, estos megaescándalos funcionan como señales persistentes de que, aun cuando el sistema detecta irregularidades, no logra —o no quiere— cerrarlas de manera efectiva.

El plan: El gobierno de Rodrigo Paz ha colocado la agenda anticorrupción como eje de su mandato desde la transición de 2025.

• Revisión de la Ley anticorrupción y del rol de la Contraloría, e investigación de escándalos heredados como YPFB.

• Apertura a la cooperación internacional en investigación financiera y lavado de dinero.

• Implementación de blockchain y contratos inteligentes en la contratación estatal para registrar licitaciones, adjudicaciones y pagos.

Sí, pero: Informes críticos señalan que muchas medidas siguen en fase de anuncio o piloto, mientras organizaciones de derechos humanos y sectores de izquierda advierten sobre el uso selectivo de la narrativa anticorrupción.

La conclusión: El texto advierte que, sin una reforma judicial profunda y un marco robusto de transparencia, los próximos IPC podrían confirmar el deslizamiento de Bolivia hacia Estados con integridad pública casi inexistente.