El Post

Lo esencial: La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) comunicó formalmente su intención de resolver el contrato con la firma china Sinosteel Equipment & Engineering Co Ltda por incumplimientos técnicos que mantienen paralizada la planta siderúrgica, pese a haber sido inaugurada oficialmente dos veces durante 2025.

El proyecto de 400 millones de dólares enfrenta una crisis que podría derivar en un nuevo litigio internacional.

Por qué importa: Bolivia podría enfrentar un nuevo arbitraje internacional similar al caso Jindal, mientras el Estado ya registra un daño económico estimado en 100 millones de dólares por el pago del 100% del contrato sin recibir una planta operativa.

El complejo siderúrgico, diseñado para producir 200.000 toneladas de acero anuales y cubrir cerca del 50% de la demanda interna, permanece sin funcionar.

Los hechos: Una inspección técnica del 4 de enero de 2026 reveló fallas estructurales críticas en el complejo siderúrgico.

Cinco de las siete plantas del proceso siderúrgico no están funcionando.

Se detectaron más de 300 observaciones técnicas en la planta de montaje.

La administración anterior canceló el 100% del monto contractual, incluyendo casi 18 millones de dólares del primer año de producción que no ha iniciado.

No existen boletas de garantía vigentes.

Qué dicen: Voces del sector advierten sobre las implicaciones legales y económicas de la decisión.

Álvaro Tejerina Olivera (presidente ejecutivo ESM): Denunció las deficiencias estructurales y confirmó que la Procuraduría ya fue informada para defender los intereses nacionales.

Héctor Córdova (analista en minería): “Sinosteel es una empresa de gran envergadura cuya reputación internacional está en juego, no aceptaría fácilmente una resolución que le atribuya toda la responsabilidad”.

Instituciones de Germán Busch: Exigen auditorías transparentes y el funcionamiento real del complejo.

Contexto: El Mutún tiene un historial de conflictos contractuales internacionales.

En 2007, Bolivia firmó un contrato con la india Jindal Steel & Power, rescindido en 2012 por mutuos incumplimientos y controversias sobre provisión de gas natural.

La Jindal demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Arbitraje reclamando 100 millones de dólares, aunque el fallo de 2014 favoreció al Estado boliviano.

El proyecto también registró intentos fallidos con Comibol y la brasileña EBX.

Los números: El proyecto representa una inversión masiva con impactos económicos significativos.

Inversión total: cerca de 500 millones de dólares (financiada por crédito del Eximbank de China).

Contrato con Sinosteel: aproximadamente 400 millones de dólares bajo modalidad “llave en mano”.

Daño económico estimado al Estado: 100 millones de dólares.

Pago por producción no iniciada: casi 18 millones de dólares.

Reservas de hierro del yacimiento: 40.000 millones de toneladas.

Capacidad de producción diseñada: 200.000 toneladas de acero por año.

Entre líneas: El analista Héctor Córdova señaló que es imperativo analizar si los obstáculos han sido exclusivamente de Sinosteel o si existen fallas de la contraparte boliviana, como la falta de personal calificado para la supervisión o injerencias políticas.

La diferencia entre el modelo contractual con Jindal (inversión y producción) y el de Sinosteel (construcción, capacitación y operación por un año) es crucial para determinar responsabilidades legales.

Qué sigue:

La ESM otorgó a Sinosteel un plazo de 10 días hábiles desde el 4 de febrero para presentar un cronograma de subsanación que permita la entrega provisional en seis meses.

De no recibir respuesta satisfactoria, procederá con la resolución del contrato.

Se paralizaron nuevas contrataciones vinculadas al proyecto y se presentarán denuncias penales ante el Ministerio Público contra exautoridades que gestionaron pagos adelantados.