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Lo esencial: YPFB, la ANH y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías omitieron e incumplieron sus funciones de control al permitir acciones que dieron lugar a la comercialización de combustible fuera de norma, lo cual generó daños en vehículos.

Ante esta situación, el abogado constitucionalista Carlos Guido Rondón Escobar interpuso una Acción Popular contra estas instancias estatales.

Por qué importa: La falla en los controles de calidad del combustible abre la vía legal para que los afectados demanden resarcimiento económico por daño emergente y lucro cesante, basándose en el Artículo 113 de la CPE que establece el derecho a indemnización cuando se vulneran derechos ciudadanos.

El marco normativo incumplido: La legislación boliviana establece responsabilidades claras que habrían sido omitidas.

YPFB: El Decreto Supremo N 4718 le asigna responsabilidad directa sobre la cadena productiva y la obligación de presentar certificados de calidad antes de comercializar combustibles.

ANH: La Ley N 3058 de Hidrocarburos la obliga a verificar el cumplimiento de normas y realizar inspecciones técnicas en plantas y estaciones de servicio.

Responsabilidad estatal: La Ley Nº 1178 (SAFCO) y la Ley Nº 2341 disponen la responsabilidad civil y administrativa de servidores públicos por omisión o negligencia.

Los requisitos para el resarcimiento: Los afectados deben acreditar cuatro elementos fundamentales para que la demanda de indemnización sea viable.

La existencia de un daño cierto al motorizado.

El nexo causal directo entre el combustible y la falla mecánica.

Prueba de que la gasolina adquirida estaba fuera de especificación técnica.

Que la compra se realizó en estaciones de servicio legalmente autorizadas durante el periodo de afectación.

Las medidas solicitadas: La Acción Popular busca implementar controles estructurales urgentes.

Realización de auditorías técnicas independientes con participación de la sociedad civil.

Implementación de un muestreo y control reforzado por lote de combustible.

Transparencia total en la publicación de resultados y trazabilidad del producto.

Qué dicen: Rondón señala que la problemática trasciende los daños individuales y configura una amenaza a derechos e intereses colectivos, vinculados a la seguridad pública, la salubridad y los derechos de las personas usuarias y consumidoras, reconocidos por la Constitución Política del Estado.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, reconoció un “hallazgo puntual” de combustible desestabilizado con goma y manganeso en algunos tanques, señalando que alrededor de 2.000 vehículos, entre motos y automóviles, podrían haber sufrido efectos.

Agregó que no se descarta “mano negra” en algunas situaciones puntuales y que se actuará con todo el peso de la Ley.

360 despidos

YPFB anunció ayer el despido de 360 funcionarios en el marco de las investigaciones por la mala calidad de gasolina en las últimas semanas y no descarta que haya habido sabotaje.

Según su presidente, Yussef Akly, las medidas forman parte de una reestructuración institucional
También realiza una revisión técnica del sistema de almacenamiento y logística.

El proceso incluye aislar instalaciones afectadas, reforzar controles y anunciar cambios normativos, en un contexto de denuncias por calidad del combustible.
YPFB estima que unos 2.000 motorizados podrían haber presentado problemas dentro de un parque de alrededor de tres millones de vehículos y motocicletas.

Calidad: YPFB sostuvo que el combustible importado cumple estándares internacionales y que la gasolina base y la importada presentan color amarillo claro. Señaló que muestras con coloraciones distintas difundidas en redes sociales corresponden a producto adulterado fuera del sistema oficial.

Entre líneas: Expertos advierten que la responsabilidad recae primordialmente sobre YPFB como proveedor y comercializador, pero la omisión de la ANH en su rol fiscalizador refuerza la responsabilidad institucional del Estado boliviano.

Si el Estado es condenado a pagar indemnizaciones, la normativa prevé la acción de repetición mediante la cual debe demandar a los funcionarios individuales cuya negligencia provocó el daño.

Qué sigue: La resolución del conflicto dependerá de la capacidad de la justicia constitucional para transparentar la información técnica y de la efectividad de las auditorías solicitadas para determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los involucrados.