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Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz designó por decreto a Sandra Quiroga Solano como contralora general del Estado interina el 3 de febrero de 2026, consolidando un modelo de interinatos prolongados que elude el consenso legislativo de dos tercios que exige la Constitución.

Por qué importa: La medida confirma la fragilidad institucional del sistema de control en Bolivia, donde el recurso del interinato se ha convertido en un mecanismo funcional para que el Ejecutivo reemplace el acuerdo constitucional de dos tercios por la firma presidencial, debilitando el sistema de pesos y contrapesos que sustenta el control democrático del poder.

Bolivia ocupa el puesto 128 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción, con la debilidad del órgano de control como factor central.

El contexto político: La decisión presidencial se produjo a casi tres meses de iniciado su mandato. El Gobierno justificó la designación en la necesidad de “garantizar la continuidad institucional” de la Contraloría General del Estado (CGE), pero el valor estratégico reside en cómo el Ejecutivo se apropia de un proceso que quedó inconcluso en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Sandra Quiroga formaba parte de las diez postulantes habilitadas en el proceso de preselección de 2025, suspendido por decisiones judiciales y falta de consenso legislativo.

Al elegirla directamente, el Ejecutivo preserva una apariencia de legitimidad técnica mientras neutraliza el debate parlamentario que la Constitución establece como requisito.

Perfil de la designada: Sandra Quiroga Solano es auditora de origen tarijeño con cerca de 30 años de trayectoria en la administración pública, que se desempeñaba como subcontralora del Nivel Central.

Cuenta con maestría en Gerencia Pública.

Diplomado en organización y administración pedagógica en educación superior.

Posgrado en evaluación económica de proyectos de inversión.

La tensión constitucional: El artículo 213 de la Constitución define a la Contraloría como entidad técnica con autonomía funcional, administrativa, financiera y organizativa, con la misión de ejercer control externo posterior y establecer indicios de responsabilidad sobre el uso de recursos públicos.

Sin embargo, esa autonomía se diluye cuando la máxima autoridad accede al cargo por decreto, quedando atada a una cadena de legitimidad política que condiciona su capacidad de fiscalización.

El bloqueo estructural: El requisito de los dos tercios, concebido como candado institucional para evitar la captura partidaria de los órganos de control, se ha convertido desde 2022 en un factor de bloqueo estructural que se espera cambie con la administración Paz Pereira.

En octubre de 2025, un mes antes de que Paz Pereira asuma la presidencia, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz ordenó el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 964, suspendiendo el proceso de elección del contralor.

El Gobierno se ampara en la Sentencia Constitucional 0218/2004, que reconoce al Presidente la facultad de nombrar autoridades interinas cuando el “interés nacional” lo exige.

La oposición denuncia una estrategia orientada a garantizar impunidad y control político de la fiscalización.

La desinstitucionalización histórica: La evolución de la Contraloría en las últimas dos décadas muestra un patrón sostenido donde los mandatos titulares han sido cada vez más breves o interrumpidos, mientras los interinatos prolongados se consolidaron como norma.

Tras la salida anticipada de Osvaldo Gutiérrez (designado durante el gobierno de Carlos Mesa), la institución ingresó en una etapa marcada por autoridades interinas de larga duración.

Gabriel Herbas, exdiputado del MAS, abrió una fase donde el perfil político-partidario de los contralores se convirtió en el principal factor de cuestionamiento.

Henry Ara Pérez, colaborador cercano de Herbas, fue elegido posteriormente como titular en un proceso dominado por el oficialismo.

Nora Mamani asumió por decreto durante el gobierno de Luis Arce, con una gestión limitada y sin auditorías de alto impacto y ayer fue reemplazada por Sandra Quiroga.

La fiscalización selectiva: Diversas gestiones han sido señaladas por ejercer una fiscalización concentrada en funcionarios de rango medio y renuente a escalar hacia las estructuras de poder, evidenciando un patrón de detección de irregularidades sin determinación de responsabilidades políticas de alto nivel.

Caso Fondo Indígena.
CAMC-Gabriela Zapata.
Quiborax.
Contratos de taladros en YPFB.
Denuncias vinculadas al entorno familiar del presidente Arce.

Entre líneas: El precedente del “diputado convertido en contralor” diluyó la frontera entre militancia política y control técnico, debilitando la credibilidad de la institución ante la opinión pública.

Este fenómeno se ve reforzado por un Ministerio Público que, en muchos casos, dilata o archiva las investigaciones, consolidando la percepción de impunidad.

El desafío pendiente: La crisis de la Contraloría no es un problema administrativo, sino político e institucional.

La Constitución y los reglamentos legislativos establecen un estándar riguroso para el cargo que incluye experiencia profesional, independencia partidaria y ausencia de conflictos legales.

Cada designación interina por decreto elude ese estándar y sustituye la evaluación de méritos por la discrecionalidad presidencial.

La conclusión: Si la Contraloría continúa atrapada en el ciclo de nombramientos temporales, dejará de ser el “ojo técnico del Estado” para consolidarse como un observador pasivo del uso de los recursos públicos, requiriendo urgentemente devolverle independencia real frente al poder político y restituir el rol constitucional de la Asamblea Legislativa en su designación.