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Paz no asistirá a la audiencia por decreto 5515, pero tendrá un representante

Lo esencial: La Sala Constitucional Tercera de El Alto realizará este martes, a las 15:30, una audiencia pública para tratar una acción popular contra el Decreto Supremo 5515. El presidente Rodrigo Paz Pereira no asistirá y será representado por el viceministro de Transparencia, Yamil García.

Por qué importa: La audiencia definirá la viabilidad de una normativa que autoriza al presidente a ejercer funciones gubernamentales mediante herramientas tecnológicas cuando esté fuera del país, una disposición cuestionada por una presunta vulneración a la Constitución y defendida por el Ejecutivo.

Los hechos: La acción popular busca anular el Decreto Supremo 5515 y fue presentada ante la Sala Constitucional Tercera.

  • La audiencia se realizará de forma presencial o virtual vía Zoom.
  • Rodrigo Paz Pereira no asistirá pese a haber sido citado formalmente.
  • El Gobierno estará representado por Yamil García y miembros de la Dirección Jurídica del Ministerio de la Presidencia.

Qué dicen: Las posiciones entre el accionante y el Ejecutivo son contrapuestas.

  • Wilmer Juan Vásquez Flores solicitó que se declare nulo el decreto por una presunta vulneración a la Constitución Política del Estado y pidió tratar el “tema de fondo” sobre la legalidad de gobernar a distancia.
  • El Gobierno calificó la acción como “improcedente” y sostuvo que no corresponde abrir una nueva acción cuando un recurso similar fue rechazado en Santa Cruz y está en revisión ante el Tribunal Constitucional.

Contexto: Según el accionante, la Sala Constitucional notificó a los órganos involucrados.

  • Vicepresidente Edmand Lara Montaño.
  • Presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paola Prudencio.
  • Contralor General del Estado, José Luis Mitma.
  • Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya.

Entre líneas: El Ejecutivo sostiene que el Decreto 5515 se apoya en la presunción de constitucionalidad establecida en la Ley 254 y en la modernización de la administración pública para evitar una “dicotomía del poder público” durante misiones internacionales.

Qué sigue: La Sala Constitucional Tercera deberá resolver si concede o deniega la tutela solicitada, decisión que definirá el futuro del Decreto Supremo 5515.

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