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Lo esencial: El Decreto Supremo 5503, promulgado por el presidente Rodrigo Paz Pereira el 17 de diciembre, se ha consolidado como el hecho económico más importante del año en Bolivia, y posiblemente de muchos años.

La normativa marca un punto de quiebre político y económico al retirar las subvenciones a los combustibles y reconfigurar el rol del Estado tras décadas de un modelo distinto.

Algunos economistas lo han puesto incluso en paralelo con el DS 21060 de 1985.

.Por qué importa: El decreto abarca desde la política de hidrocarburos hasta la reconfiguración del rol del Estado, generando un ahorro estimado de 10 millones de dólares diarios o 3.500 millones de dólares proyectados para 2026.

Ha movilizado a sectores representativos del país en protestas y bloqueos que persisten en algunas regiones.

Los cinco pilares del decreto: El DS 5503 busca restablecer la estabilidad macroeconómica y recuperar la liquidez interna a través de cinco componentes fundamentales.

Retiro de subvención a combustibles: Gasolina Especial a 6,96 Bs/Lt (incremento del 86%), Diésel Oíl a 9,80 Bs/Lt (alza del 162%) y Gasolina Premium a 11,00 Bs/Lt.

Reordenamiento fiscal: Prohíbe nuevas contrataciones públicas, congela incremento salarial 2026 y prohíbe al BCB dar créditos a empresas públicas.

Liberalización económica: Procedimiento fast track de 30 días para proyectos estratégicos y elimina Certificado de Abastecimiento Interno para exportaciones.

Nuevo rol del Estado: Transita de interventor a facilitador, otorgando estabilidad jurídica y tributaria por 15 años a nuevas inversiones.

Protección social: Salario Mínimo aumentó a 3.300 Bs (20%); el Juancito Pinto se elevó a Bs 300 y se creó el Programa PEPE con transferencias de 150 Bs mensuales a familias vulnerables.

Contexto: El Gobierno citó una crisis estructural heredada, caracterizada por un déficit fiscal promedio del 7,2% del PIB entre 2019-2023 y la caída de las Reservas Internacionales Netas de 15.100 millones de dólares en 2014 a solo 2.300 millones en 2023.

El desabastecimiento de combustible y la corrupción en YPFB también fueron factores determinantes.

Los números clave: Las cifras revelan el impacto económico de la medida y la crisis que busca resolver:

Ahorro proyectado: 3.500 millones de dólares para 2026 por retiro de subvenciones.

El contrabando afectaba también al 30% de la producción nacional de combustibles..

Financiamiento externo esperado: 3.500 millones de dólares para 2026.

Las Reservas Internacionales cayeron de 15.100 millones (2014) a 2.300 millones (2023)

Qué dicen: Las reacciones muestran posiciones irreconciliables entre el gobierno y sectores movilizados.

Rodrigo Paz Pereira, presidente: “No hay plata… lo único que hay somos nosotros, los bolivianos que vamos a sacar adelante el país”.

José Gabriel Espinoza, ministro de Economía: “El decreto no se modifica, no se deroga, no se cambia”.

Mario Argollo, ejecutivo de la COB: Denunció una “enajenación de nuestros recursos naturales” y mantiene paro general. Considera el decreto “peor que el 21060”.

Miguel Ángel Amonzabel, economista: Indica que el ajuste marca un quiebre abrupto en la historia reciente de la política económica boliviana, no solo por la eliminación de subsidios, sino por la forma, el momento y la profundidad de las reformas. La comparación con el 21060 es inevitable.

Ronald Nostas Ardaya, empresario: Sostiene que el decreto representa la decisión política de transformación estructural más importante de Paz porque reconoce que el modelo económico de las últimas dos décadas está agotado.