Lo esencial: El caso del Fondo Indígena (Fondioc), que involucra un desfalco de al menos 100 millones de bolivianos probados durante los gobiernos del MAS, se convirtió en una maquinaria de persecución política que destruyó vidas mientras protegía a altos funcionarios.

Elvira Parra, primera directora del Fondo, pasó ocho años en prisión pese a que incluso el entonces ministro de Justicia, Iván Lima, reconoció que “no cometió ningún delito”.

Por qué importa: El escándalo revela cómo la justicia boliviana fabricó “chivos expiatorios” para simular una lucha anticorrupción, castigando con rigor extremo a quienes denunciaron irregularidades mientras aplicaba indulgencia con autoridades de alto nivel.

El patrón sistemático identificado por organizaciones de derechos humanos muestra una justicia de dos velocidades que eligió cuidadosamente a quién castigar y a quién proteger.

La estrategia del chivo expiatorio: El esquema de persecución seguía un patrón documentado por especialistas como Franco Albarracín, quien lo describía como un método con motivación política y prebendalista.

Perseguir al denunciante principal.

Dirigir investigaciones contra críticos del MAS.

Abrir múltiples procesos en varios departamentos para agotar física y económicamente a los imputados.

Impedir la unificación de las causas.

Presionar para que los acusados aceptaran juicios abreviados.

El caso de Elvira Parra: Como directora fundadora del Fondioc (2010-2012), Parra intentó frenar prácticas irregulares como el uso de recursos para aguinaldos, enfrentándose con la ministra Nemesia Achacollo.

Tras perder respaldo político, fue detenida el 2 de marzo de 2015 y pasó más de ocho años en la cárcel.

Primero en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) en La Paz .

El mayo de 2022 fue trasladada al penal de Palmasola, sufriendo maltrato psicológico, humillaciones y un enorme desgaste económico.

El 17 de marzo de 2023 finalmente obtuvo la detención domiciliaria por enfermedades crónicas.

Enfrentó entre 150 y 181 causas en distintos departamentos.

Incluso por proyectos ejecutados después de su salida en 2012.

Solo uno de esos procesos tiene sentencia en casación.

Rechazó sistemáticamente declararse culpable mediante procedimiento abreviado.

Marco Antonio Aramayo: la principal víctima del caso: Sucesor de Parra y principal denunciante del desfalco, Aramayo se convirtió en el principal objetivo del sistema. En lugar de ser protegido como testigo clave, enfrentó más de 200 procesos y torturas documentadas por el ITEI.

Sufrió persecución judicial extrema con decenas de procesos en distintos puntos del país.

Pasó siete años en prisión negándose a admitir una culpa ajena.

Murió en abril de 2022 por falla multiorgánica sin que el Estado investigara a los verdaderos responsables.

Incluso después de su fallecimiento, continuaron llegando notificaciones de nuevos procesos en su contra.

Otras víctimas del sistema: El patrón de persecución alcanzó a múltiples funcionarios que tenían menos poder político.

Félix Becerra: Dirigente del CONAMAQ, encarcelado por firmar un recibo de un proyecto previo a su gestión. Su vida familiar y política quedó devastada. Hoy está con detención domiciliaria.

Epifanio Pacheco: Exdirector de Proyectos del Fondioc, enfrentó 12 procesos en cinco departamentos. Murió en 2023 aún intentando limpiar su nombre.

La impunidad en los círculos de poder: Nemesia Achacollo, pese a ser la principal autoridad sindicada del Fondioc, pasó poco tiempo en prisión y hoy está en detención domiciliaria.

El exfiscal Ánghelo Saravia denunció presiones para no ejecutar su aprehensión y afirmó que su imputación fue corregida desde Palacio de Gobierno.

Otros dirigentes sindicados nunca pisaron la cárcel.

Los números del escándalo: El abogado Eduardo León señala que el daño económico podría ser incluso mayor al oficial.

Desfalco oficial: al menos 100 millones de bolivianos.

Estimación de daño real: hasta 700 millones de dólares.

Las decisiones de alto nivel, incluido el entonces ministro de Economía Luis Arce, facilitaron el desvío de recursos.

Qué dicen: “Dios aprieta, pero no ahorca… algún día se sabrá la verdad. Y que no fui yo quien robó”, mantiene Elvira Parra, aún sometida al sistema judicial y con esperanza de que su inocencia sea reconocida plenamente.

La conclusión: El caso Fondioc seguirá siendo uno de los capítulos más oscuros de la justicia boliviana: un recordatorio de que, lejos de ser ciega, la justicia eligió cuidadosamente a quién castigar y a quién proteger.