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Lo esencial: La población y empresarios están a la expectativa del cumplimiento de la promesa del presidente Rodrigo Paz de eliminar el impuesto del 10% sobre promociones y juegos que cobra la Autoridad de Juego (AJ).

Paz prometió reestructurar la AJ y eliminar varios impuestos que administraba esta instancia, pero el compromiso aún no tiene respaldo legal y la entidad sigue operando normalmente.

Por qué importa: Los empresarios esperan este cambio que representaría un alivio económico significativo. El debate de una nueva ley está previsto para enero del próximo año.

Historial

La AJ fue creada legalmente por la Ley N° 60 de Juegos de Lotería y de Azar, que fue promulgada el 25 de noviembre de 2010.

Sus operaciones comenzaron oficialmente a principios de 2011, bajo la tutela del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Sus competencias principales incluyen regulación, control, fiscalización, la autorización de sorteos y promociones empresariales, y la sanción de actividades ilegales.

Su objetivo no es obtener ganancias, sino regular el juego, recaudar impuestos y multas para el Estado, y garantizar la transparencia.

La AJ también fue percibida como una oficina recaudadora/burocrática con quejas sobre trámites lentos y engorrosos para autorizar promociones, y la carga impositiva del 10% sobre las promociones.

El debate: Existen razones a favor y en contra del compromiso presidencial de eliminar el impuesto.

A favor: Alivio económico para emprendedores, fomento a la inversión y combate a la burocracia.

En contra: Incertidumbre legal mientras no se modifique la ley, riesgo al consumidor sin regulación y pérdida de vigilancia contra ilegalidad.

Qué dicen: El anuncio ha provocado reacciones mixtas entre cautela técnica y celebración empresarial.

Giovanni Ortuño Camacho (Presidente CEPB): “Saludamos las primeras medidas económicas… la anulación de cuatro impuestos regresivos e innecesarios, que mientras estuvieron vigentes afectaron la economía y disminuyeron la inversión”.

Mauricio Chiri (abogado especialista): “Si se anula el impuesto del 10% a las promociones empresariales, beneficiará a los pequeños emprendedores. Sin embargo, el Estado aún debe normar estas actividades, con el fin de prevenir estafas y engaños al consumidor”.

Iván Rada (analista): “La eliminación de tributos que solo atentan contra la población y el emprendimiento siempre es buena señal, aunque un anuncio tan genérico sobre un proyecto de ley todavía no redactado deja muchas dudas sobre su aplicación”

Estado actual: La AJ continúa ejerciendo fiscalización y publicando registros de resoluciones y autorizaciones.

La entidad sigue cobrando vía recaudación por promociones empresariales y premios.

La página oficial continúa publicando comunicados de “nuevas promociones autorizadas”.

Las empresas siguen obligadas a pagar el impuesto correspondiente del 10%.

Los números: La AJ genera ingresos para el Estado a través de su actividad reguladora y fiscalizadora.

Según reporte parcial de 2025: los ingresos por “Impuesto al Juego” superarían los Bs 38 millones.

En 2024: autorizó 1.211 promociones empresariales con premios por más de Bs 594 millones.

Recaudación 2024: más de Bs 2,1 millones en multas por decomiso y sanción de sitios ilegales.

Entre líneas:

Paz propuso eliminar los impuestos y reestructurar la AJ, pero no ha emitido una orden de cierre o disolución.

Mientras no exista una ley que revoque las disposiciones que crean y financian las competencias de la AJ o que modifique la Ley N° 060, la entidad conserva su base legal y autoridad para fiscalizar.

Qué sigue:

La clave radica en la acción inmediata del Poder Legislativo.

El Gobierno enfrenta la presión por definir un marco normativo que despeje las dudas para la temporada alta de promociones.

La comunidad empresarial y los analistas esperan la publicación del proyecto de ley prometido para evaluar su alcance sobre los impuestos y el destino final de la AJ.