El Post

Lo esencial: El Gobierno de Rodrigo Paz ratificó su compromiso de implementar la Agenda 50/50 en 2026, un modelo que busca transferir la mitad de los recursos gestionables del Estado a instancias subnacionales, aunque enfrenta la traba de que el PGE del próximo año no incorporó este régimen.

Por qué importa: Esta reforma fiscal-descentralizadora representa una transformación profunda en la distribución del gasto público boliviano.

Busca “romper el centralismo” y fortalecer las gestiones locales mediante la corresponsabilidad fiscal.

Su implementación requiere modificaciones legislativas complejas que podrían extenderse varios meses.

El plan: La Agenda 50/50 del Partido Demócrata Cristiano propone que aproximadamente la mitad de los recursos gestionables por el Estado dejen de concentrarse en el nivel central.

Los recursos se transferirían a gobernaciones, alcaldías y universidades públicas.

Incluye transferencias en sectores como salud y educación.

Se plantea como eje estructural del modelo económico y de gobernanza.

Las fuentes disponibles no especifican una cifra monetaria concreta de esta transferencia.

El problema de fondo:

La Ley del Presupuesto General del Estado 2026, elaborada por la administración anterior, no incorporó el régimen 50/50, lo que imposibilita técnicamente su aplicación inmediata sin realizar un ajuste normativo.

El Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa un plazo hasta febrero de 2026 para efectuar las modificaciones correspondientes y poder aplicar el plan desde marzo.

Qué dicen:

José Gabriel Espinoza: Una agenda como la 50/50 “no se hace de la noche a la mañana”. También dijo que aspiran a que “se cumpla desde el primer día de marzo 2026”, cuando entre en vigencia el nuevo presupuesto reformulado.

Fundación Jubileo: Sólo un pequeño porcentaje (5%) de los municipios cumple los requisitos de autonomía fiscal para beneficiarse del 50/50.

Los escenarios posibles: La IA plantea tres escenarios para los plazos de aplicación real del modelo 50/50 tomando en cuenta el tiempo de cada fase y el promedio histórico en Bolivia para estos casos.

Optimista (con apoyo político y sin litigios): 4 a 5 meses – Aplicación posible en abril-mayo 2026.

Realista (con negociaciones y ajustes): 5 a 8 meses – Aplicación posible en mayo-agosto 2026.

Lento (conflictos, observaciones del TCP o falta de mayorías): 10 a 17 meses – Aplicación posible entre octubre 2026 y marzo 2027.

Entre líneas:

Modificar la coparticipación tributaria, las transferencias y la estructura del PGE no es una operación normal, sino una reforma fiscal-descentralizadora mayor.

Históricamente, en Bolivia y en la región, estos procesos toman entre 6 y 12 meses.

Qué sigue: Lo inmediato es el ajuste normativo y la modificación del PGE 2026, para lo cual el Gobierno solicitó ampliación del plazo hasta febrero de 2026.