Lo esencial: El Gobierno anunció una estrategia de represión directa y reestructuración institucional ante el incremento del avasallamiento de tierras, que ya afectó 331 predios a nivel nacional hasta octubre de 2025.

Santa Cruz figura como epicentro del problema donde se reportaron más de 50 casos solo entre afiliados de la CAO.

Por qué importa: El avasallamiento se ha convertido en una amenaza económica crítica para el sector productivo boliviano, afectando aproximadamente 70.000 hectáreas solo en Santa Cruz, principalmente en zonas agrícolas como Obispo Santiestevan.

Los propietarios denuncian pérdidas millonarias además de enfrentarse a grupos organizados con títulos falsos y violencia.

Los números: Las cifras revelan la magnitud del problema del avasallamiento a nivel nacional.

331 predios afectados a nivel nacional hasta octubre de 2025.

146 denuncias recibidas por el INRA este año.

70.000 hectáreas afectadas en Santa Cruz según la CAO.

60 personas aprehendidas por estos delitos hasta octubre de 2025.

50 casos registrados entre afiliados de la CAO en 2025.

El plan:

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el Ejecutivo decidió reprimir con toda fuerza estos avasallamientos, controlarlos y arrestar a los culpables.

Se está trabajando en la constitución de un “gran frente amplio” con la participación de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

Se abordará la problemática de forma estructural, tratándola como “bandas delictivas organizadas” y no como un “hecho social”.

Qué dicen: Las autoridades del Gobierno expresaron una posición unificada de “mano dura” contra el avasallamiento.

Edmand Lara, vicepresidente: Demandó “mano dura con todos los avasalladores” y una “transformación de la justicia” urgente.

Andrea Barrientos, viceministra de Autonomías: “El tiempo de permisividad que ha generado el Movimiento Al Socialismo y la complicidad en varios casos se terminó”.

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno: “No se puede permitir la entrada a una propiedad productiva por parte de gente organizada en bandas”.

Melissa Barba, víctima de avasallamiento: Pidió que los detenidos permanezcan en la cárcel y solicitó al Fiscal General que no permita favorecimiento a estas organizaciones criminales.

Entre líneas:

Lara reveló un problema sistémico grave: existen autoridades entre fiscales, jueces y policías que protegen a estas “organizaciones criminales”.

Esto hace que los propietarios de las tierras pasen de denunciantes a denunciados y, en algunos casos, terminen en la cárcel. “La justicia no puede seguir al servicio de los avasalladores”, sentenció.

Estado actual: La intervención policial ya muestra resultados concretos. El 3 de diciembre de 2025, el Viceministerio de Autonomías intervino las oficinas del INRA en Santa Cruz debido a irregularidades, revelando “filas de documentos denunciantes”.

En San Ignacio, Santa Cruz, la Policía actuó contra un intento de toma de predios menonitas por personas que habrían llegado desde San Julián, resultando en el arresto de al menos 50 personas y el secuestro de 10 vehículos.

Qué sigue:

Barrientos afirmó que la prioridad es garantizar el derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica para las personas.

El Gobierno deberá concretar la formación del frente amplio anunciado entre los tres poderes del Estado.

Tendrá que demostrar que puede mantener la nueva línea dura contra los avasalladores pese a las redes de corrupción identificadas en el sistema judicial.