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Fondo Indígena: de promesa histórica al mayor escándalo de corrupción

El Post

Lo esencial: El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas (Fondioc), creado en 2005 con el 5% del IDH para impulsar proyectos productivos indígenas, se convirtió en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de Bolivia.

  • El caso dejó un daño económico confirmado superior a los 100 millones de bolivianos a través de proyectos fantasma y desvíos millonarios.
  • Si bien se barajaron cifras mucho mayores, este monto (oficial) fue el identificado por la interventora, Larisa Fuentes.

Por qué importa: El escándalo no sólo representa el saqueo de fondos destinados a saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas, sino que reveló la instrumentalización de la justicia para proteger a los aliados del poder y destruir a los denunciantes. 

  • La intervención este 3 de diciembre al Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), entidad sucesora del Fondioc, por un caso que involucra a la exdiputada del MAS Lidia Patty, demuestra que las irregularidades persisten.

Los protagonistas: El escándalo se define por el choque entre el aparato político-sindical que controlaba los fondos, encabezado por la exministra Nemesia Achacollo, y los técnicos que intentaron imponer controles, como Marco Antonio Aramayo, que terminó aplastado por la maquinaria que denunció.

  • Cada uno jugó un papel determinante en esta compleja trama.
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Protagonista Rol clave Destino en el caso
Nemesia Achacollo Exministra de Desarrollo Rural y Presidenta del Directorio del Fondo. Figura de mayor rango político implicada. Acusada formalmente. Tras ser apprehendida, recibió detención domiciliaria debido a presuntas presiones “desde Palacio de Gobierno”.
Marco Antonio Aramayo Exdirector ejecutivo del Fondo Indígena. Fue el primero en denunciar internamente la corrupción. Se convirtió en la principal víctima. Perseguido con más de 200 procesos, sufrió 194 hechos de tortura documentados y falleció en prisión en 2022 tras 7 años detenido.
Félix Becerra Dirigente del Conamaq y otro de los “chivos expiatorios”. Encarcelado por un proyecto que no elaboró. Se negó a declararse culpable a cambio de libertad y actualmente cumple detención domiciliaria.
Dirigentes del Directorio Núcleo del poder decisorio; aprobaban proyectos, a menudo sin justificación técnica, y presuntamente gestionaban el cobro de comisiones ilegales (“diezmos”) a cambio de la liberación de fondos. Algunos fueron acusados, pero muchos evitaron la cárcel y mantuvieron su poder político; Hilarión Mamani llegó a ser senador por el MAS y Juanita Ancieta, asambleísta departamental.
Larisa Fuentes Interventora designada por el gobierno para investigar el Fondo tras el estallido del escándalo. Su informe oficial confirmó un daño económico de Bs 102 millones por 30 proyectos “fantasma” y 713 inconclusos.

Cronología del desfalco: El derrumbe del Fondo fue una demolición lenta marcada por advertencias ignoradas e investigaciones tardías.

  • Noviembre 2013: Página Siete revela irregularidades millonarias y “proyectos fantasma”. Las publicaciones provocaron amenazas de un líder de los Ponchos Rojos contra la periodista Claudia Soruco.
  • Diciembre 2013: El presidente Evo Morales pidió a la Contraloría investigar las denuncias, pero criticó al Conamaq por “proteger la corrupción”, sentando las bases de la narrativa política que se impondría.
  • Febrero 2015: La Contraloría confirma daño económico de Bs 71 millones en 153 proyectos observados. Marco Antonio Aramayo es aprehendido.
  • Post 2015: La interventora Larisa Fuentes eleva la cifra del daño a Bs 102 millones, identificando 30 proyectos “fantasma” y 713 inconclusos.
  • 2015-2016: Cacería judicial contra dirigentes y exautoridades como Julia Ramos, Jorge Choque y Damián Condori.
  • Agosto 2016: Nemesia Achacollo es aprehendida, pero obtiene detención domiciliaria tras presiones “desde Palacio de Gobierno”, según denuncia del exfiscal.

Anatomía del fraude: El desfalco operaba a través de una cadena sistémica de acciones ilícitas que permitieron el desvío de millones.

  • Depósitos a cuentas particulares: Se desembolsaron más de Bs 685 millones a 968 cuentas bancarias privadas de dirigentes, violando normativas que exigían cuentas mancomunadas.
  • Proyectos fantasma e inconclusos: El senador del MAS Jorge Choque recibió más de Bs 6 millones en su cuenta personal para obras que resultaron ser “fantasmas”.
  • Cobro de “diezmos”: Los dirigentes del Directorio presuntamente exigían una comisión del 10% para aprobar desembolsos, según denuncia de Aramayo.

El costo humano: La estrategia deliberada de persecución judicial protegió a los responsables y destruyó a los denunciantes. 

  • El abogado Franco Albarracín definió un “modus operandi” basado en cinco pilares: procesar al denunciante, direccionar la investigación hacia perfiles no afines al poder, multiplicar los casos para hacer imposible la defensa, negar la acumulación de procesos y ofrecer juicios abreviados a cambio de confesión.

Marco Antonio Aramayo: El principal denunciante se convirtió en la mayor víctima del sistema que intentó exponer.

  • Enfrentó más de 200 procesos penales en ocho departamentos.
  • Un informe documentó 194 hechos de tortura y malos tratos, incluyendo golpizas, extorsión y privación de atención médica.
  • Falleció en prisión en abril de 2022 tras siete años de detención sin sentencia final.
  • “Prefiero mil veces morir defendiendo lo legal a seguir viviendo y que mis hijos piensen que yo he sido corrupto”, declaró antes de morir.

Otras víctimas: El engranaje judicial alcanzó a múltiples personas que resistieron la presión.

  • Félix Becerra: Dirigente del Conamaq, rechazó declararse culpable pese a ofertas de juicio abreviado: “Si has robado siempre, autoculpate; pero si no has robado nada, ¿cómo te vas a autoculpar?”
  • Elvira Parra: Primera directora del Fondo, pasó ocho años encarcelada (su hijo tenía 13 años al entrar, 21 al salir).
  • Epifanio Pacheco: Exdirector, murió en 2023 por estrés mientras enfrentaba 12 procesos en cinco departamentos.

Un legado de impunidad: El caso trasciende el desvío de fondos y revela la instrumentalización de la justicia. 

  • El exfiscal Ánghelo Saravia denunció que la imputación contra Achacollo fue “corregida en Palacio de Gobierno”.
  • El abogado Franco Albarracín lo definió como una estrategia para “hallar un chivo expiatorio” y blindar a las altas esferas del MAS.

Los números del desfalco: 

  • Daño económico confirmado superior a Bs 100 millones.
  • Bs 685 millones desembolsados a 968 cuentas privadas.
  • 30 proyectos “fantasma” que nunca existieron.
  • 713 proyectos inconclusos.
  • La mayor parte de los fondos desviados nunca fue recuperada.
  • El abogado Eduardo Leon dijo el viernes pasado que el daño económico sería de 700 millones de dólares.
  • “Se tiene que aprehender a Luis Arce Catacora en este caso, porque es quien ha ordenado y facilitado que puedan entregarse estos recursos a cuentas particulares”, declaró.

Qué dicen: Las voces clave revelan la magnitud del escándalo y sus consecuencias.

  • Marcial Fabricano, exdirigente: “La mano política tergiversó el espíritu del Fondo”, poniendo en duda la imagen de los pueblos indígenas como “reserva moral” del país.
  • La ministra Lenny Valdivia prometió recuperar el dinero una vez concluidos los juicios, pero esto no ocurrió.

La conclusión: El MAS utilizó los recursos del Fondo Indígena para campaña política, obras fantasma y desembolsos en cuentas personales. 

  • Los responsables están identificados, pero permanecen en la impunidad.
  • La intervención al FDI este 3 de diciembre demuestra que la corrupción persistió, dejando no solo un millonario agujero en las arcas del Estado, sino una herida profunda en la confianza pública y en el ideal de justicia para Bolivia.

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