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Lo esencial: Cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que extendieron su mandato por casi dos años mediante autoprórroga fueron cesados de sus cargos y cuatro de ellos enfrentan órdenes de aprehensión y alerta migratoria.

Este martes, dos salas constitucionales (Potosí y Santa Cruz) ordenaron su cese inmediato.

Un juzgado de La Guardia (Santa Cruz) emitió orden de captura contra cuatro de ellos.

Por qué importa: La medida pone fin a una crisis institucional que cuestionó la legitimidad del sistema judicial boliviano desde diciembre de 2023.

Los magistrados son acusados de usurpación de funciones y emisión de resoluciones contrarias a la Constitución.

La medida puso en tela de juicio los límites del poder judicial para extender sus propios mandatos.

Los protagonistas: Los autoprorrogados son:

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
René Yván Espada Navia
Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Karem Lorena Gallardo Sejas
Isidora Jiménez Castro

El juzgado de La Guardia ordenó la aprehensión de los cuatro primeros. La quinta habría presentado su renuncia.

El debate jurídico: La controversia enfrentó dos interpretaciones constitucionales opuestas sobre la continuidad del TCP.

Críticos: Argumentan usurpación de funciones, violación constitucional (mandato de 6 años sin prórroga), daño a la credibilidad del Estado y creación de un “poder judicial perpetuado”.

Magistrados: Invocaron el principio de continuidad del Estado para evitar acefalía institucional, su competencia interpretativa exclusiva, y el incumplimiento de la Asamblea Legislativa para convocar elecciones judiciales.

Cronología del conflicto: La crisis se desarrolló durante casi dos años.

Diciembre 2023: El TCP emite Auto Constitucional 049/2023 prorrogando mandatos que vencían el 31 de diciembre.

2024: Proceso de elecciones judiciales fracasa en la Asamblea Legislativa.

Octubre 2025: El Presidente del TSJ presenta una denuncia penal por usurpación de funciones contra los magistrados.

25 noviembre 2025: El TCP y los mismos magistrados implicados anuncian abandono de funciones en 10 días; las salas constitucionales ordenan cese inmediato y un juzgado emite orden de aprehensión.

25 de noviembre 2025. Asume como nueva presidenta del TSE Paola Verónica Prudencio.

Las consecuencias legales:

El cese de funciones es considerado “solo el primer paso” según la diputada Patricia Patiño (PDC), quien advirtió que no puede ser un “pasaporte a la impunidad”.

La Fiscalía había remitido el caso a la Asamblea Legislativa para juicio de responsabilidades conforme a la Ley 044.

El exviceministro Fabián Yaksic insiste en que deben ser procesados por vulnerar la Constitución.

Qué dicen: Autoridades y políticos demandan que no haya impunidad.

Defensor del Pueblo: “El cese no exime a sus autores de las responsabilidades”.

Patricia Patiño (PDC): Se compromete a “transparentar” el proceso y garantizar que no haya impunidad.

Presidente Rodrigo Paz: Compara la medida con el cierre de instituciones símbolos de injusticia.

Qué sigue:

Se espera que las investigaciones continúen para garantizar la rendición de cuentas y establecer un precedente sobre la interpretación de los mandatos de las altas autoridades judiciales.