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Lo esencial: El Tribunal Supremo de Justicia y la Cumbre Judicial realizada en Sucre exigen suspender a cinco de nueve magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato venció el 31 de diciembre de 2023 pero siguen en funciones mediante Auto Constitucional 049/2023.

Por qué importa:

La permanencia de magistrados sin legitimidad constitucional afecta la credibilidad del sistema de justicia y marca precedente crucial para la interpretación de mandatos judiciales.

El conflicto actúa como catalizador para una reforma judicial urgente.

Los cinco “autoprorrogados”:

Gonzalo Miguel Hurtado.
René Yván Espada.
Karem Lorena Gallardo.
Isidora Jiménez.
Julia Elizabeth Cornejo.

El debate legal: El conflicto presenta un choque entre dos visiones sobre la continuidad institucional y la constitucionalidad.

Argumentos para la suspensión:

Violación del límite constitucional de seis años establecido en el Art. 183 de la CPE.

El TCP no tiene competencia para extender su propio mandato (exceso de atribuciones).

Afectación a la división de poderes al interferir con el Órgano Electoral y la Asamblea.

Riesgo de invalidez de todos los fallos emitidos desde enero de 2024.

Argumentos de defensa:

Principio de continuidad del Estado para evitar acefalía institucional.

Facultad interpretativa del TCP según Art. 196 de la CPE.

Incumplimiento de la Asamblea Legislativa en garantizar elecciones judiciales.

Carácter vinculante de los fallos del TCP que no pueden ser cuestionados.

Cronología del conflicto: La crisis lleva casi dos años de desarrollo con momentos clave que intensificaron las tensiones.

Octubre-noviembre 2023: La Asamblea Legislativa fracasa en consensuar la convocatoria para elecciones judiciales.

Diciembre 2023: TCP emite el Auto Constitucional 049/2023 días antes del vencimiento del mandato.

Enero 2024: Autoridades judiciales continúan bajo prórroga, calificada como “autogolpe judicial”.

Octubre 2025: El presidente del TSJ presenta denuncia penal por usurpación de funciones.

Noviembre 2025: La Cumbre Judicial exige suspensión inmediata de los magistrados.

Las tres soluciones posibles: El conflicto puede resolverse por diferentes vías con distintos niveles de viabilidad política y jurídica.

1. Realizar elecciones judiciales (solución de fondo):

Es la salida constitucional y definitiva pero requiere acuerdos políticos que han fracasado durante dos años.

Puede tomar entre 4 y 6 meses desde la convocatoria.

2. Suspender a los autoprorrogados y nombrar autoridades transitorias:

La Asamblea activa un juicio de responsabilidades según la Ley 044.

Se designan magistrados suplentes o interinos previstos en la Ley del TCP.

Es la demanda del “Diálogo por la Reforma Judicial” y la más viable políticamente hoy.

3. Declarar la nulidad del Auto Constitucional 049/2023:

Salida jurídica que requiere que el TCP anule su propio auto.

Difícil que los magistrados actuales anulen el fallo que los sostiene

Qué dicen: El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, manifestó que estos magistrados “no son bienvenidos” a la Cumbre Judicial y presentó una denuncia penal formal contra ellos por usurpación de funciones.

Qué sigue:

La Fiscalía General del Estado determinó que no puede procesarlos por la vía penal ordinaria y remitió el caso a la Asamblea Legislativa para un juicio de responsabilidades conforme a la Ley 044.

La solución más realista combina la suspensión vía juicio de responsabilidades (solución inmediata) con elecciones judiciales en 2025 (solución de fondo).