Bolivia, entre los primeros ocho países del plan minero del Banco Mundial

Lo esencial: El Banco Mundial podría explorar préstamos para Bolivia ligados a metas legales y de gobernanza en minería, según un acuerdo que dio a conocer el 16 de octubre en Bangkok, durante sus reuniones anuales. Entre esas metas está presentar un proyecto de Código Minero hasta mediados de 2027.

Por qué importa: Ese posible financiamiento es parte del plan del banco para movilizar hasta $us 19.000 millones en metales y minerales entre 2026 y 2030, entre recursos propios y capital privado; para Bolivia, el documento no fija un monto.

• En paralelo, el proyecto de Ley de Inversiones del Gobierno sigue sin aprobarse en la Asamblea.

Qué es el acuerdo: El documento se presenta como un reconocimiento conjunto del Gobierno y sus socios para el desarrollo, con el fin de orientar la colaboración en el sector, y fija ocho compromisos con plazo hasta 2028.

• Entre sus objetivos también figuran reglas de seguridad industrial diferenciadas para cada tipo de actor minero y el reaprovechamiento de depósitos marginales, como relaves y rocas de desecho.
• La coordinación se haría con reuniones técnicas periódicas y grupos de trabajo; la consulta a otros actores del sector queda a cargo del Gobierno.

El diagnóstico: Según el documento, Bolivia tiene “algunas de las reservas minerales más significativas del mundo”, entre ellas cobre, antimonio, plata, zinc y estaño, pero el aporte del sector a la economía formal está por debajo de su potencial.

• Indica que la Ley 535 de Minería, de 2014, es ampliamente caracterizada como fragmentada, desactualizada y no alineada con los estándares internacionales de inversión, y que el sector no tiene una estrategia nacional compartida para atraer capital privado de largo plazo.
• Registra una diferencia entre las exportaciones mineras reportadas y la producción estimada, que según el texto refleja sistemas de control débiles y pérdida de ingresos.
• Como oportunidades, menciona el potencial no explotado del cobre, el antimonio y otros metales de la transición energética, y la demanda internacional de minerales críticos de origen responsable.

Los problemas que identifica

• Inversión: el marco legal actual no ofrece una certeza de inversión adecuada a largo plazo.
• Infraestructura: las regiones mineras tienen acceso poco confiable a la red eléctrica y dependen de diésel de alto costo; la red ferroviaria no conecta los sistemas andino y oriental, y el agua se rige por una ley de principios del siglo XX.
• Gobernanza: el catastro minero es manual, no transparente y no compartido entre instituciones, y los mecanismos de distribución de beneficios son poco claros.
• Cooperativas: tienen barreras legales para asociarse con empresas privadas y acceso limitado a créditos y productos bancarios.
• Comunidades: perciben la minería como un riesgo ambiental más que como una oportunidad, y el robo de mineral (juqueo) pasó de práctica informal a actividad criminal organizada.
• Trabajadores: hay una brecha de habilidades técnicas certificadas, y las condiciones de seguridad en las cooperativas son una “emergencia de facto”.

El plan: Las ocho acciones se ordenan en tres ejes y todas están a cargo del Ministerio de Minería y Metalurgia, en algunos casos junto con otras entidades.

• Políticas y gobernanza: una Estrategia Nacional de Desarrollo Minero 2026-2040, un proyecto de Código Minero y un catastro minero digital y accesible en línea.
• Infraestructura: marcos de transición energética y de agua, un estudio de logística, una plataforma de formación de trabajadores mineros y estándares de seguridad.
• Capital privado: un nuevo marco de inversión privada con seguros para reducir el riesgo, dos productos financieros piloto para cooperativas y pequeños mineros, y una estrategia para agregar valor a los minerales críticos en el país.

Qué aporta el banco: Para la mayoría de las acciones, el acuerdo prevé asistencia técnica del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Grupo Banco Mundial: diseño de la estrategia, asesoría legal, digitalización del catastro, formación de trabajadores y análisis de la cadena de valor.

• Además de los préstamos ligados a metas, la única acción del plan que menciona posible financiamiento es la de energía, logística y agua.
• El nuevo marco de inversión privada y los productos financieros para cooperativas figuran sin apoyo previsto del BIRF (“N/A”).
• Bolivia puede sumar a otros bancos regionales y agencias bilaterales para alinear financiamiento con estas prioridades.

Sí, pero: En el comunicado del Banco Mundial, el ministro de Economía, Christian Andrés Morales Burgos, afirma que el Gobierno presentó un nuevo proyecto de Ley de Inversiones; enviado el 11 de agosto, el proyecto está en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de Diputados.

• La comisión debe unificarlo con otras propuestas, entre ellas una de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), presentada el 13 de octubre.
• Uno de los puntos en disputa es el arbitraje internacional: la bancada de Libre sostiene que primero hay que reformar la Constitución, cuyos artículos 320 y 366 someten la inversión extranjera a las leyes y autoridades bolivianas; el Gobierno defendió en agosto que es posible sin esa reforma, por los tratados de la Comunidad Andina y el Mercosur.
• Bolivia dejó en 2007 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Grupo Banco Mundial, y el proyecto del Gobierno no plantea volver.
• Una reforma parcial de la Constitución exige dos tercios de la Asamblea y un referendo; el presidente del Senado, Diego Ávila (PDC), indicó que ese referendo podría realizarse entre septiembre y octubre de 2027.
• La diputada Sandra Rivero (PDC) dijo que sería “imprudente avanzar” por el estado de excepción y porque el tema toca la Constitución, y que la decisión quedará para el siguiente periodo legislativo; el diputado Freddy Camacho dijo que “materialmente el tiempo no alcanza”.
• El acuerdo con el Banco Mundial no es jurídicamente vinculante y rige por cuatro años.

Qué sigue: El primer plazo vence en diciembre de 2026, cuando el Ministerio de Minería y Metalurgia debe adoptar la Estrategia Nacional de Desarrollo Minero 2026-2040.

• En la Asamblea, las cámaras renovarán sus directivas y comisiones hasta el 6 de noviembre.