Lo esencial: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) eligió el jueves 15 al magistrado por Chuquisaca Carlos Ortega Sivila como presidente, tras la renuncia de Romer Saucedo. Ortega asumirá el 4 de enero de 2027.

Por qué importa: Ortega conducirá un Órgano Judicial cuyas propias autoridades afirman que la falta de presupuesto limitó la contratación de personal y la modernización del sistema judicial, con efecto en el acceso a la justicia.

Recibirá además un tribunal sin magistrados por Beni y Pando, cuyas plazas dependen de elecciones complementarias aún sin convocatoria.

El perfil

Nació en Camargo (Chuquisaca) en 1977 y se tituló de abogado en 2001 en la Universidad San Francisco Xavier. En esa misma universidad obtuvo un doctorado en Derecho, con especialidad penal, y una maestría en Administración de Justicia.
Fue defensor público en Sucre, jefe de Asesoría Legal de la universidad entre 2010 y 2018 y docente de Derecho Penal hasta 2024, materia sobre la que publicó dos libros. Su hoja de vida como postulante no registra cargos en la carrera judicial.
Ganó la magistratura en las elecciones judiciales parciales de diciembre de 2024, con 83.315 votos (44,55% en Chuquisaca). Al ser electo, pidió públicamente la renuncia de los magistrados autoprorrogados.
Preside la Sala Penal del TSJ. Días antes de su elección informó sobre el trámite de la proposición acusatoria del Ministerio Público contra Evo Morales y Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas, cuyo eventual juicio oral correspondería a la Sala Plena.
En su postulación incluyó entre sus prioridades un presupuesto acorde a las necesidades del Órgano Judicial, mayor independencia económica y una Escuela de Jueces independiente.

Los hechos: El magistrado por Oruro, Primo Martínez, será el nuevo decano en reemplazo de Rosmery Ruiz, que también renunció. Según aclaró Ortega, Saucedo y Ruiz seguirán en funciones hasta el 4 de enero y luego pasarán a salas especializadas.

El presupuesto

Las autoridades citan porciones del Presupuesto General del Estado (PGE) que van del 0,35% (Ruiz) al 0,4% (el presidente del Senado, Diego Ávila). Saucedo habló de menos del 0,5%.
El Órgano Judicial pidió en enero el 5% del PGE, invocando el artículo 178 de la Constitución, y Ruiz propone que ese financiamiento quede fijado en el texto constitucional para no negociarlo con cada gobierno.
Antes de anunciar su salida, Saucedo advirtió que el Órgano Judicial iría a paros de 24, 48 y 72 horas, y luego a un paro indefinido, si no se atendía el pedido. Tras esa advertencia, el Gobierno abrió un diálogo con el Órgano Judicial.
Según Ruiz, el sistema de seguimiento de causas solo pudo implementarse en el Tribunal Departamental de Chuquisaca por falta de recursos para extenderlo al resto del país.

La ley de depósitos

El Senado sancionó el 14 de octubre la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales. La norma permite al Órgano Judicial usar el dinero de depósitos no reclamados en tecnología, personal de apoyo e infraestructura.
El derecho a reclamar un depósito prescribirá cinco años después de ordenada su devolución. Antes de declarar la prescripción, los depósitos deberán publicarse y notificarse, y las resoluciones podrán impugnarse.
Quedan excluidos los depósitos vinculados a asistencia familiar, seguridad social, derechos laborales, menores de edad y personas con discapacidad.
Es la primera aprobada de las cuatro leyes que el TSJ presentó en marzo. Ruiz la calificó como un alivio “muy corto”, porque no resuelve el financiamiento de los años siguientes.

Contexto: Saucedo, presidente desde enero de 2025, anunció su salida el 30 de julio. Dijo entonces que no encontró respaldo en otras instituciones comprometidas con el Órgano Judicial y negó tener aspiraciones políticas.

Ruiz atribuye las renuncias a un acuerdo de alternancia en Sala Plena y afirma que Saucedo podía seguir un año más. El relevo, previsto primero para diciembre y luego para mediados de noviembre, se adelantó al 15 de octubre para dedicar noviembre a la transición, antes de las vacaciones judiciales.

Sí, pero: La explicación de Saucedo y Ruiz no es la única que circula.

El constitucionalista Arturo Yáñez sostuvo ante Visión 360 que Saucedo no logró liderar la reforma judicial pese a un inicio “auspicioso”, que la amenaza de paro le causó más perjuicio que beneficio y que esa tarea pasa ahora a Ortega.

El diario El Mundo y la periodista Amalia Pando vincularon el último adelanto con la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca, el 30 de septiembre. El Post no encontró evidencia que relacione ambos hechos, y la salida de Saucedo se anunció dos meses antes.

Qué sigue: La ley de depósitos espera su promulgación por el presidente Rodrigo Paz, y desde entonces el Órgano Judicial tendrá 90 días para reglamentarla. La transición correrá durante noviembre, y Ortega y Martínez serán posesionados el 4 de enero.