Cierre de estatales: la cifra cambia y aún no hay nombres
Lo esencial: El ministro de Economía, Christian Morales, anunció la noche del viernes 9 de octubre que en un par de semanas se harán públicas las primeras cuatro o cinco empresas estatales que se cerrarán, las cuales ya no estarán en el Presupuesto General del Estado 2027.
Por qué importa: Cada cierre obliga a definir qué pasa con los activos, las deudas y las garantías del Tesoro General de la Nación, y el Gobierno aún no detalló cuánto costará el proceso.
- Sin nombres oficiales, circulan listas de empresas “críticas”, aunque esa condición no significa que todas vayan a cerrarse.
Cierre de estatales: cómo cambiaron los anuncios
Plazos y cifras anunciados por el Gobierno, abril a octubre de 2026Primer plazo para evaluar y cerrar
El Gobierno presenta el PGE 2026 reformulado, que daba a la OFEP 90 días para evaluar a todas las empresas públicas y cerrar las que no fueran sostenibles.
Primera radiografía de la OFEP
La OFEP informa que 15 de las 67 empresas públicas están en quiebra técnica.
Nuevo plazo por ley
Entra en vigencia la Ley 1755, que da a la OFEP 30 días calendario para su diagnóstico. El presidente Rodrigo Paz afirma que solo faltan pasos administrativos para los cierres.
Diagnóstico entregado
La OFEP presenta su diagnóstico técnico. Su director, Pablo Camacho, habla de más de 20 empresas en situación crítica.
Primera cifra de cierres
El ministro de Economía, Christian Morales, anuncia que el Gobierno cerrará entre ocho y diez empresas en los siguientes meses.
Se aprueba el DS 5727
El Gobierno declara prioritaria la reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas del nivel central.
“A partir del martes”
Camacho afirma que los cierres empezarían el martes siguiente, a razón de una empresa por día.
Dos empresas para octubre
Morales dice que hay “un par” de empresas identificadas para cerrar este mes y que el COSEEP se reunirá esa semana para fijar lineamientos.
La lista de 12, por dentro: De las 67 empresas públicas, 30 pueden reorganizarse o liquidarse por decreto, sin pasar por la Asamblea, y 12 concentran las situaciones más complicadas, según un diagnóstico de la OFEP. Con esos datos, al menos ocho de las 12 todavía tienen más bienes que deudas. La OFEP mide la criticidad con otro criterio: considera quiebra técnica cuando las pérdidas superan la inversión inicial.
- Deudas que superan sus bienes: Yacana debe Bs 285 millones, cinco veces el valor de sus bienes, y Quipus cerró 2025 con un patrimonio negativo de Bs 91,8 millones. En EPCORO, el Ministerio Público investiga un presunto desvío de unos Bs 123 millones.
- Proyectos recientes que casi no operan: LIFAB, creada en 2023 con 13 plantas previstas en Santiváñez y Sacaba, aún no inicia funciones. IBAE no registra ingresos porque carece de materia prima. KOKABOL tuvo ingresos operativos de apenas Bs 2.592 en 2025.
- Con patrimonio, pero en la lista: La Empresa Estratégica de Producción de Semillas mantiene un patrimonio de Bs 66,9 millones. B-Agro acumuló pérdidas por Bs 99,3 millones y conserva Bs 27,8 millones de patrimonio. TAM cerró con pérdidas ocho años seguidos y su patrimonio cayó a Bs 84.115.
- Fuera del cierre: El Gobierno anticipó un tratamiento distinto para BoA y Mi Teleférico por su carácter social y estratégico.
Los números
- De las 15 empresas que el Gobierno calificó como críticas en julio, 14 devolvieron solo el 10,7% de los Bs 18.227,6 millones que recibieron en préstamos del BCB, el Finpro y otras entidades.
- Esas empresas recibieron además aportes de capital del Tesoro por Bs 8.154,9 millones.
- Según el Gobierno, la creación de las 67 empresas públicas costó $us 7.750 millones de las reservas internacionales, y en 19 años se recuperó sólo el 18% de esa inversión.
El proceso: El Decreto Supremo 5727 no contiene una lista de empresas ni ordena la liquidación automática de ninguna. El primer paso es la aprobación del COSEEP, integrado por los ministerios de la Presidencia, Planificación del Desarrollo y Economía. Luego, el ministerio del sector tiene 15 días hábiles para presentar un proyecto de decreto o, si la empresa nació por ley, un anteproyecto de ley.
- Cada norma de cierre debe designar a un liquidador y fijar un plazo con hitos verificables, pero el decreto no define indemnizaciones, beneficios sociales ni mecanismos de reubicación para los trabajadores.
Sí, pero: El economista Dante Pino estima que esta cadena de instancias podría prolongar las decisiones dos o tres años, una proyección propia que no figura en el decreto.
- La Federación de Mineros se declaró en emergencia por el riesgo de afectación a la estabilidad laboral.
Qué sigue: El viceministro del Tesoro, Óscar Navarro, informó que el proyecto de PGE 2027 se remitirá a la Asamblea antes del 31 de octubre. Morales anticipó que otras empresas podrían sumarse al cierre o la reestructuración durante 2027.
