Lo esencial: El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero firmó el 14 de septiembre una declaración del Grupo de Puebla que parte de las “graves acusaciones reveladas en Bolivia en torno a Fernando Cerimedo”, consultor argentino detenido en agosto que trabajó en la campaña de segunda vuelta de Rodrigo Paz.

Por qué importa: Un expresidente investigado en Bolivia toma posición, desde un foro político regional, sobre un caso judicial que toca al entorno del actual presidente.

El pronunciamiento lleva el caso Cerimedo al debate regional sobre control electoral y ya alimenta lecturas sobre la legitimidad de la elección de 2025.

Qué dice el documento: Sostiene que esas acusaciones exponen un problema regional: un mercado de servicios que opera entre países para intervenir en elecciones y manipularlas. No detalla cuáles son las acusaciones.

Pide a la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y a la UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales) crear un mecanismo regional antes de fin de año.
Ese mecanismo rastrearía pagos extranjeros a campañas, transparentaría la publicidad política y las encuestadoras, e identificaría la propaganda hecha con inteligencia artificial.
Tiene 32 firmas; la primera es la de Zapatero.

Sí, pero

El diario español Vozpópuli publicó este lunes que la declaración insinúa que Paz se valió de Cerimedo para imponerse mediante la manipulación del proceso electoral.
El texto que firmó Zapatero no menciona a Paz ni al Gobierno boliviano.
Paz aparece nombrado en otra declaración del Grupo de Puebla, del 23 de agosto, que Zapatero no firmó: allí se incluye su campaña entre aquellas con las que Cerimedo tuvo “participación o vínculos documentados”.

El caso Zapatero en Bolivia: La policía española sostiene que Zapatero cobró 200.000 euros del Grupo Gloria, de Perú, entre 2024 y 2025, por gestiones ante el Gobierno de Luis Arce a favor de su cementera Soboce, que litigaba con la cementera pública chuquisaqueña Fancesa.

El Senado creó el 1 de julio una comisión de seis senadores con hasta tres meses para presentar un informe al pleno; sus conclusiones no tienen efecto judicial directo.
La Fiscalía citó a declarar a exautoridades del Gobierno de Arce y pidió información a España y Perú, incluido el informe policial español.
El Tribunal Supremo de Justicia ratificó en febrero de 2025 que Soboce debía pagar Bs. 744,3 millones (unos $us 107 millones) a Fancesa, pero en mayo de ese año una sala constitucional de La Paz suspendió la condena. El caso espera la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El Grupo Gloria confirmó el pago, pero afirma que buscaba negociar la indemnización por la expropiación de sus acciones en Fancesa, no influir en la justicia. Arce niega haber tratado ese litigio con Zapatero.

Qué sigue: La Audiencia Nacional de España debe resolver un recurso de Zapatero para sacar de su causa el informe policial sobre Bolivia, el mismo documento que pidió la Fiscalía boliviana.

La Sala de lo Penal fijó la deliberación para el 9 de octubre, con la Fiscalía Anticorrupción en contra del recurso; el fallo aún no se ha hecho público.
La comisión del Senado debía entregar su informe en hasta tres meses desde su creación, en julio.

Actualización (12 de octubre de 2026, 9:30): Se precisó en «Lo esencial» cómo la declaración menciona a Cerimedo. El documento se refiere a las acusaciones reveladas en Bolivia en su contra, sin detallarlas; la versión anterior decía que lo tomaba como ejemplo.