Lo esencial: Soboce presentó el 29 de septiembre un reclamo contra el Estado boliviano ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y el martes pidió suspender el cobro coactivo de más de Bs 744 millones a favor de Fancesa.

Por qué importa: La vía ordinaria terminó, pero el cobro depende ahora de instancias constitucionales e internacionales con plazos y efectos distintos.

De cuál prevalezca depende si Soboce, que según la empresa tiene obligaciones con trabajadores, entidades financieras y tenedores de bonos, desembolsa el monto, y si Fancesa, de propiedad de la Gobernación, la Alcaldía de Sucre y la USFX, lo cobra.

Estado actual

Vía ordinaria: El TSJ dictó el 26 de junio el Auto Supremo 1190/2026, que declaró infundada la casación de Soboce y le impuso costas. A fines de septiembre, el Juzgado Público Civil y Comercial 11 de Sucre le notificó el requerimiento de pago, con un plazo de 20 días.
Vía constitucional: El TCP aún revisa el amparo de 2025 que había favorecido a Soboce. Aparte, la empresa pidió a la Sala Constitucional Segunda de La Paz una medida cautelar para paralizar la ejecución mientras se resuelve su queja por incumplimiento de la Resolución Constitucional 136/2025.
Vía andina: El reclamo cuestiona que el TSJ diera a Fancesa, por tener accionistas públicos, la imprescriptibilidad de sus créditos y la inembargabilidad de sus bienes. Soboce sostiene que eso rompe el trato igualitario que exige la Decisión 291, y pidió también al juzgado de Sucre suspender la ejecución.
Vía penal en Bolivia: La Fiscalía de Chuquisaca investiga a nueve personas por la presunta injerencia de Zapatero en el proceso; Almendras y Montenegro ya declararon. Grupo Gloria reconoció ante el regulador peruano que Soboce pagó 200.000 euros a Zapatero por asesoría sobre su reclamo por la expropiación.
España: El juez Calama rechazó en julio apartar de la causa el pago de Gloria; la defensa de Zapatero recurrió y la Fiscalía Anticorrupción se opuso en septiembre.

Las dos cuentas: El pago por competencia desleal y la indemnización por la expropiación de 2010 son procesos distintos. Soboce sostiene que el Estado le debe más de $us 290 millones por el Decreto Supremo 0616; el abogado de Fancesa responde que ni la empresa ni la Gobernación tienen esa obligación y que el reclamo prescribió.

En 2023, la Corte Permanente de Arbitraje se declaró sin jurisdicción sobre la demanda de $us 269,4 millones que Soboce y sus socios presentaron contra Bolivia.

Qué dicen

CNI: en un comunicado, expresó preocupación por los efectos del Auto Supremo 1190/2026 y pidió reglas claras para las empresas de un mismo mercado, sea su capital público o privado.
Soboce, en su comunicado de junio: sostuvo que la demanda de Fancesa fue usada como maniobra para que el Estado no le pague la indemnización.
Luis Ayllón, gobernador de Chuquisaca, en junio: anunció que la Gobernación, con los demás copropietarios, definiría una estrategia para ejecutar el fallo y concretar el cobro.

Sí, pero: Que el reclamo frene el cobro es una afirmación de Soboce y de su asesor, Hugo Gómez; ninguna instancia lo ha resuelto. Según Gómez, la Secretaría General debe emitir primero un dictamen, y solo después la empresa podría acudir al Tribunal de Justicia de la CAN, que es el que dicta sentencia.

En otros casos, la Secretaría General verificó primero si el reclamo estaba completo y, al admitirlo, dio al país demandado entre 30 y 60 días para contestar, con posibilidad de prórroga.

Qué sigue: Están pendientes la medida cautelar en la Sala Constitucional, el pedido de suspensión ante el juzgado de Sucre, la revisión del amparo en el TCP y la admisión del reclamo en la CAN.