Lo esencial: A casi cuatro meses de la incautación del 8 de junio, la madera boliviana sigue retenida en Chile. Seis contenedores fueron incinerados en septiembre y la Fiscalía de Arica sostiene que solo un juez puede detener la quema del resto.

Por qué importa: De la madera que queda depende que las empresas investigadas puedan pedir contramuestras para probar que no la impregnaron con droga, y con ello sostener el resarcimiento que reclaman. La Cámara Forestal estima entre $us 10 y 15 millones el valor de la carga retenida y quemada.

Dónde está el caso hoy

La carga: Está bajo custodia del Servicio de Salud de Arica. Según El Mostrador, los seis contenedores quemados el 3 y el 11 de septiembre eran de empresas que no habían reclamado su mercancía.
La quema: El 21 de septiembre, la Fiscalía de Arica pidió al Servicio de Salud suspenderla. El 30 de septiembre, senadores bolivianos denunciaron un nuevo traslado de madera hacia la zona de incineración.
La investigación: Sigue abierta en Chile. En Bolivia, el Ministerio Público investiga desde el 9 de junio en Pando, Beni, La Paz y Santa Cruz. Desde el lunes 5 de octubre estará a cargo de un fiscal general interino, José Armando Urioste.

Qué sostiene Chile

El fiscal Mario Carrera dijo a los senadores bolivianos, durante su visita a Arica entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, que el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó sustancias ilícitas en todos los contenedores incautados. El ISP es el laboratorio estatal de Chile, dependiente del Ministerio de Salud, y según la Fiscalía es el organismo encargado de determinar si hay droga en lo que se decomisa.
Según Carrera, la ley obliga a destruir la droga en 30 días desde el comiso. En este caso, ese plazo se amplió por 120 días.
La Fiscalía sostiene que el sistema chileno no contempla un peritaje alternativo al del ISP.
Carrera explicó que el oficio del 21 de septiembre solo busca esperar lo que resuelva el tribunal, y que los informes del ISP siguen vigentes.

Qué reclama el sector boliviano

La Cámara Forestal sostiene que la madera no fue impregnada deliberadamente y que las trazas detectadas pueden tener otras explicaciones.
La defensa de 15 empresas pidió frenar la destrucción y presentó informes de dos exagentes de la DEA que cuestionan la metodología del ISP y la acreditación de su laboratorio.
En julio, el Gobierno anunció que, junto con la Cámara Forestal y Cancillería, preparaba una denuncia contra Carrera ante la Defensoría Penal Pública de Chile. También dijo que impulsaría un reclamo internacional si se confirmaba que no había droga.
El 3 de octubre, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) exigió al Gobierno acciones urgentes ante Chile para frenar la destrucción de la carga restante y resguardar las evidencias.

El antecedente clave: El 8 de junio, Chile anunció que 1.080 toneladas de madera boliviana contenían 108 toneladas de droga impregnada, según la Fiscalía de Arica.

En julio, el Gobierno boliviano afirmó que laboratorios de Chile y Brasil habían descartado la droga.
El 17 de julio, la Fiscalía de Arica respondió que la investigación seguía abierta. Roger Mariaca, entonces fiscal general, aclaró luego que los resultados negativos correspondían a pruebas hechas en Bolivia.

Lo que aún no se sabe: Cuántos contenedores siguen sin quemar, si hubo nuevas incineraciones después del 21 de septiembre y si la defensa ya acudió a un tribunal chileno.

Tampoco coinciden las versiones públicas sobre las concentraciones de droga que detectó el ISP.

Qué sigue: El presidente chileno, José Antonio Kast, llegará a Bolivia el 15 de octubre para reunirse con Rodrigo Paz. La comisión del Senado prepara un informe para esa visita. Según El Mostrador, el Servicio de Salud evalúa pedir a un juez que defina si la Fiscalía aún tiene potestad sobre la carga.