Foto: RRSS José Armando Urioste Viera.

Del veto de EEUU a un nuevo fiscal: la semana del caso Mariaca

Lo esencial: La Asamblea Legislativa eligió a José Armando Urioste Viera como fiscal general interino, horas después de suspender de forma definitiva a Roger Mariaca con 113 de 128 votos, en votación nominal. En paralelo, se instaló esta madrugada la audiencia en que un juez definirá si Mariaca va a detención preventiva.

Por qué importa: Es la primera aplicación de un mecanismo creado el mismo viernes, que quedará vigente para cualquier fiscal general imputado, con cualquier gobierno y cualquier mayoría legislativa.

  • Urioste conducirá el Ministerio Público que investiga al propio Mariaca y heredará casos que pasaban por la Fiscalía cruceña, como Maletas y Oro.

Cómo llegamos aquí

  • 13 de marzo: Sebastián Marset es capturado en Santa Cruz y expulsado a EEUU Jorge Tuto Quiroga cuestionó después por qué no se actuó contra Mariaca desde entonces. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, respondió que la investigación “no es un video solamente”.
  • 28 de septiembre: EEUU.restringe la visa a 13 bolivianos, entre ellos Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos y el fiscal superior Martín Irusta, por su relación con el narcotráfico y la corrupción.
  • 30 de septiembre: Agentes del Centro Especial de Inteligencia Policial aprehenden a Mariaca y Zeballos en Viru Viru, a Irusta en Sucre y al mayor de Policía Rubén Aparicio en La Paz. Son 14 los aprehendidos entre esa noche y la madrugada siguiente.
  • 1 de octubre: El fiscal superior Luis Montaño se presenta como fiscal general interino por antigüedad. El Gobierno califica su asunción de “ilegal e ilegítima”.
  • 2 de octubre: La Fiscalía imputa a los cuatro detenidos. El Senado aprueba la ley corta, Diputados la sanciona, el presidente Rodrigo Paz la promulga y, por la noche, la Asamblea suspende a Mariaca.
  • 3 de octubre: Tras un cuarto intermedio para que los jefes de bancada acuerden los lineamientos, la Asamblea elige a Urioste como fiscal general interino. Paralelamente, minutos después de las 5:00 se instala, de forma virtual, la audiencia cautelar de los cuatro imputados.

Qué se le imputa: Según la imputación a la que accedió El Deber, los cuatro son investigados por tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. La hipótesis de la Fiscalía es que formaban parte de una estructura que daba protección institucional a Marset, lo que habría permitido almacenar y sacar del país sustancias controladas.

  • La imputación incluye informes policiales, información atribuida a la Unidad de Investigaciones Financieras, antecedentes de EE.UU., material audiovisual, y los dispositivos y el dinero secuestrados. Entre ese material está un video de Marset que menciona a Mariaca y a Aparicio. La propia Fiscalía señala que parte de la información debe corroborarse con nuevas diligencias.
  • A Irusta, la imputación le atribuye haber sido encontrado en instalaciones de la Fiscalía General cuando presuntamente intentaba retirar documentación y expedientes de la investigación.
  • Los fiscales Daniel Portales y Edwin Sarmiento piden seis meses de detención preventiva: en San Pedro para Mariaca, Zeballos e Irusta, y en Patacamaya para Aparicio.

Qué dice la defensa: El abogado Rodrigo Salmón afirmó que Mariaca pidió ser procesado mediante un juicio de responsabilidades, como establece la Ley 044 para altas autoridades del Ministerio Público. Negó cualquier vínculo con los delitos imputados y sostuvo que la imputación se basa en videos difundidos en redes sociales.

  • Otro abogado, Jerjes Justiniano, cuestionó que la audiencia cautelar se fijara a las 5:00. Atribuyó a presiones el retiro de la acción de libertad por parte de las esposas de Mariaca y Zeballos, pero no identificó a los responsables.

La ley que lo apartó: La modificación al artículo 25 de la Ley 260 permite a la Asamblea suspender de forma definitiva al fiscal general imputado formalmente o sujeto a una medida cautelar por delitos sancionables con privación de libertad. La decisión requiere dos tercios de los presentes.

  • El interino se designa con la misma mayoría. La reforma no le fija un plazo, pero la Ley 260 obliga a la Asamblea a nombrar a un nuevo titular en un máximo de tres meses cuando el mandato se interrumpe. La “misión prioritaria” del interino será desmantelar la estructura criminal vinculada a la causa de la suspensión.
  • El proyecto inicial permitía suspender por mayoría absoluta y con solo “indicios” de delitos. El Senado cambió la causal a la imputación formal y elevó la votación a dos tercios, como proponía Libre.

La disputa por la Fiscalía: La reforma desplazó la suplencia por antigüedad que invocaba Montaño. El Ministerio Público sostenía que, ante la “ausencia definitiva” de su máxima autoridad, la conducción correspondía al fiscal superior más antiguo. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, renunció en medio de la crisis.

  • No todos avalaron el camino. El vicepresidente Edmand Lara sostuvo que la aprehensión no implicaba la vacancia del cargo y que la Asamblea “no la puede fabricar”. El artículo 227 de la Constitución exige convocatoria pública y concurso de méritos para el titular; el interino fue designado sin ese proceso.

Qué dicen

  • Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno: “No se puede autonombrar fiscal interino”.
  • Tomasa Yarhui, senadora de Libre: “Hemos peleado adentro para que se pueda hacer por dos tercios de voto, porque así te permite consensuar y poner a los mejores hombres y mujeres”.
  • Enrique Riera Escudero, ministro del Interior de Paraguay, según recogió Infobae: recordó que su Gobierno denunció que Marset se ocultaba en Santa Cruz y que pidió al ministro de Gobierno de Luis Arce, Eduardo del Castillo, que procediera. “Creo que Mariaca era amigo de Marset y le protegían”, dijo.

Qué sigue: El juez cautelar definirá si Mariaca y los otros tres imputados van a detención preventiva. La Asamblea tiene un máximo de tres meses para elegir al fiscal general titular mediante convocatoria pública y concurso.

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