Lo esencial: De las cerca de 203 dragas que el CEJIS contabilizó hasta 2025 en el río Madre de Dios, en Pando, solo 23 operaban con autorización temporal de la AJAM. El plazo indígena para que todas se retiren vence el 30 de septiembre.

Por qué importa: El conflicto no se agota en el retiro de las dragas. Un mineral sin trazabilidad escapa al control estatal y a las regalías que le corresponden al departamento.

Según la OEA, la minería ilegal de oro en la región funciona como una cadena que va del financiamiento de maquinaria y combustible hasta la comercialización y el lavado de ganancias.

Estado actual: Nadie sabe cuántas balsas operan realmente en el río. Cada medición da una cifra distinta.

En 2023, la Gobernación de Pando censó 546 balsas en el tramo Chivé–Riberalta; más de la mitad, sin licencia.
Una inspección del Tribunal Agroambiental, el 4 y 5 de febrero de 2026, constató al menos 25 balsas en el tramo Genechiquía–Loreto, pese a que ASOBAL había instruido a sus afiliados retirarse antes de la visita.
Un sobrevuelo de control en agosto de 2026 detectó entre cinco y seis dragas en el Orthon y alrededor de 30 en el Madre de Dios.
La AJAM y el Ministerio Público intervinieron embarcaciones en enero de 2026 por explotación ilegal de oro.

Los números: La actividad aurífera en Pando casi no aparece en el registro oficial de exportaciones.

En el primer semestre de 2025, Bolivia exportó $us 402,1 millones en oro; India, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos concentraron cerca del 98% del valor.
La Paz registró $us 207 millones de esas exportaciones y Beni $us 111,7 millones. Pando figuró con $us 100.000: el 0,02%.
El mecanismo que declaró ASOBAL cambiaba 400 gramos de oro por 7.200 litros de diésel. Reemplazar el mercurio por una centrifugadora costaría unos $us 50.000 por equipo.

Contexto: En el centro del caso está ASOBAL, la cooperativa aurífera de balseros del Madre de Dios, demandada en la acción ambiental preventiva que el TIM II presentó en julio de 2025. El Tribunal Agroambiental admitió la acción en diciembre y ordenó suspender toda actividad minera fuera de las cuadrículas autorizadas por la AJAM.

El informe técnico del caso documenta una pérdida estimada de 8.484 hectáreas de bosque y recoge una inspección de 2023 en la que el Estado sorprendió a 57 personas en minería ilegal e intervino 27 dragas.
Comunarios de la zona denunciaron el uso de “palos blancos”: trabajadores inscritos como propietarios para ocultar a quienes controlan cinco, seis u ocho balsas.

Qué dicen: Las posiciones enfrentan a las comunidades con la cooperativa.

“Cualquier cosa que pase, hacemos responsable al Estado”, advirtió Javier Fernández, presidente de la CIPOAP.
Corcino Cerezo, presidente de ASOBAL, admitió que sus afiliados salen de las áreas autorizadas: “Siempre nos estamos moviendo de un área a otra área, a veces estamos fuera del área”.

Sí, pero: Que exista minería ilegal documentada no prueba que una organización criminal controle las dragas del Madre de Dios. No hay evidencia pública que lo sostenga.

Tampoco el destino registrado de una exportación revela la ruta física del mineral ni el lugar donde fue extraído.

Qué sigue: Vencido el plazo, pasar de contar dragas a identificar quién financia el negocio exige cruzar registros de la AJAM, matrículas, autorizaciones, comercializadoras de oro, proveedores de combustible y expedientes fiscales.