Lo esencial: El procurador general Hugo César León La Faye denunció el lunes 14 de septiembre que los siete investigados del caso Botrading quedaron libres sin medidas cautelares y responsabilizó al juez y al fiscal de la causa. Ese mismo día, otro juez sacó de Palmasola a tres hombres del entorno de Sebastián Marset.

Por qué importa: Son cinco procesos con dinero y bienes públicos de por medio: $us 55 millones sin devolución acreditada en Botrading, 189,5 kilos de oro retenidos y más de 30 maletas cuyo contenido nadie conoce.

La recuperación de esos activos depende de los mismos juzgados que el abogado institucional del Estado cuestiona en público.

Las cinco decisiones

Botrading: los siete investigados están sin detención ni medidas sustitutivas, según denunció la Procuraduría el 14 de septiembre.
Oro en Viru Viru: de seis aprehendidos en julio, cinco quedaron libres tras prestar declaración y el único que seguía en Palmasola, Adrián Lema Roca, salió el 14 de agosto por orden de la Sala Penal Tercera de Santa Cruz. El Ministerio Público apeló.
Caso maletas: el exjuez Hebert Zeballos obtuvo la cesación de su detención preventiva en el proceso por tráfico de sustancias controladas y pasó a arresto domiciliario. La exdiputada Laura Rojas cumple detención domiciliaria sin escolta, con arraigo, presentación semanal, garantes y fianza de Bs 50.000. En mayo, otros tres procesados del mismo caso ya habían recuperado la libertad. De las 32 maletas llegadas de Estados Unidos en noviembre de 2025, solo cuatro fueron recuperadas y estaban vacías.
Entorno de Marset: el juez Luis Esteban Loza Quagilini dispuso que tres hombres aprehendidos el 13 de marzo en una casa de seguridad de Sebastián Marset dejen Palmasola y cumplan detención domiciliaria las 24 horas con escolta policial. Se los procesa por tenencia y tráfico de armas, almacenaje peligroso, organización criminal y asociación delictuosa. Antes que ellos, Tatiana Marset, hermana del narcotraficante, dejó Palmasola el 19 de agosto con detención domiciliaria y escolta, tras cinco meses de detención preventiva.
Exprocurador Wilfredo Chávez: la Fiscalía rechazó la denuncia por diez contratos con abogados externos, entre ellos el del exjuez argentino Raúl Zaffaroni, y la Procuraduría objetó ese rechazo el lunes ante la Fiscalía de El Alto.

La cuenta: Sumadas las cuatro causas con personas procesadas, son 22 quienes hoy no están en un penal: siete en Botrading, seis en el caso del oro, cinco en maletas y cuatro del entorno de Marset, incluida su hermana. El conteo es de El Post, sobre la base de las decisiones judiciales reportadas en cada caso.

El antecedente clave: Botrading nació de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, conformada a fines de 2025 para investigar la importación de carburantes a través de Botrading S.A., subsidiaria que YPFB constituyó en Paraguay.

Se abrió en dos vertientes: Botrading I, en La Paz, por un posible daño de medio millón de $us en compras con sobreprecio, y Botrading II, en Santa Cruz, por un préstamo de $us 80 millones del que solo se acreditó la devolución de $us 25 millones.
El expresidente de YPFB Armin Dorgathen, principal investigado, fue declarado rebelde.

Qué dicen

León La Faye sostuvo que el juez y el fiscal les dieron a los siete “libertad pura y simple” y calificó de extraña la rapidez de las decisiones.
La periodista Amalia Pando planteó en Cabildeo Digital que los casos configuran una “ola de liberaciones” y preguntó por qué las autoridades observan unas decisiones judiciales y no otras. Es su lectura, no una conclusión institucional.

Sí, pero: Los cinco episodios tienen situaciones procesales distintas y ninguna resolución judicial los vincula entre sí.

La detención domiciliaria no equivale a libertad irrestricta: implica fianza, arraigo, presentación periódica y, en varios de estos casos, escolta policial las 24 horas.
El caso Chávez no registra detención previa, sino el archivo de una denuncia que está en disputa.
E l valor del oro incautado es una estimación de mercado, no un daño determinado por un juez.

Qué sigue: El fiscal de distrito de El Alto tiene diez días para resolver la objeción de la Procuraduría en el caso Chávez. Sigue pendiente la apelación del Ministerio Público en el caso del oro y la indagación del Consejo de la Magistratura sobre el procedimiento que benefició a Zeballos.