Lo esencial: El Gobierno de Rodrigo Paz negó que exista un despido de guardaparques y aseguró que los 143 funcionarios a los que ordenó que pusieran sus cargos a disposición serán recontratados, como parte de la reestructuración estatal que trasladó las competencias ambientales a un nuevo ministerio.

Por qué importa: El conflicto trasciende la estabilidad laboral, ya que los guardaparques integran el cuerpo encargado de la protección y vigilancia de las áreas protegidas.

La pregunta que queda abierta es qué cambiará efectivamente cuando concluya la reestructuración, solo la dependencia administrativa o también los cargos, contratos, funciones, destinos y estructura de protección.

Los hechos: El conflicto comenzó con el instructivo CAR/MPSMAYA/DGAJ N° 0288/2026, fechado el 28 de agosto, que comunicó al personal del SERNAP que debía poner sus cargos a disposición dentro de “la transición hacia una nueva estructura institucional”.

El Ejecutivo sostiene que ningún guardaparque será despedido, removido ni cambiado, y que la puesta a disposición fue un procedimiento administrativo para regularizar la estructura ante el Ministerio de Economía.
Oscar Mario Justiniano Justiniano anunció que pretende incrementar las contrataciones, mejorar el equipamiento tecnológico y fortalecer las telecomunicaciones y los sistemas de monitoreo para alertas tempranas de incendios y delitos ambientales.
La propuesta contempla buscar recursos mediante la Ley de Financiamiento Climático y la Ley de Bonos de Carbono, que el Gobierno impulsa en la Asamblea Legislativa.

Contexto: El origen del conflicto está en el Decreto Supremo 5675, aprobado en agosto, que reorganizó la estructura del Órgano Ejecutivo, redistribuyó competencias entre ministerios e incorporó las competencias ambientales a la cartera que conduce Justiniano.

El Reglamento General de Áreas Protegidas establece que los guardaparques del Cuerpo de Protección ejercen jurisdicción y competencia dentro de las áreas donde son asignados para cumplir atribuciones de protección ecológica y social.

Los números: La reorganización incorporó a esta cartera a más de 1.200 funcionarios, por lo que el proceso administrativo alcanzó al conjunto del personal incorporado, según la explicación oficial.

Qué dicen: Las posiciones sobre el alcance de la medida difieren entre el Ejecutivo, los guardaparques, las organizaciones indígenas y la Asamblea.

“Quiero dejarlo en claro y de manera firme, ningún guardaparque va a ser despedido, removido ni cambiado”, afirmó Óscar Mario Justiniano, ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.
“Lo que se pretende, desde nuestro punto de vista, es debilitar esa última barrera de contención que hacen los guardaparques para cuidar las áreas protegidas”, denunció Marcos Uzquiano, presidente de ABOLAC.
“Defenderlas es imposible sin guardaparques y cuerpo de protección”, sostuvo la diputada Cecilia Requena, de Alianza Unidad.

Entre líneas: En el TIPNIS el conflicto adquiere una dimensión territorial, porque las organizaciones indígenas aseguran que sus guardaparques son miembros de las naciones Mojeño Trinitario, Yuracaré y Tsimane, seleccionados con participación de las organizaciones del territorio.

La Subcentral TIPNIS, la Subcentral del Sécure y el CONISUR advierten que debilitar ese sistema puede afectar la vigilancia frente a avasallamientos, deforestación, ganadería, minería, cacería ilegal y expansión de cultivos no autorizados.

Sí, pero: La Defensoría del Pueblo no cuestionó la facultad estatal de reorganizar su estructura, pero abrió una investigación de oficio el 28 de agosto y advirtió que la reestructuración debe respetar los derechos laborales.

La institución pidió considerar la experiencia y especialidad técnica acumulada por quienes realizan tareas de custodia, vigilancia y conservación, y evitar retrocesos en la protección de derechos humanos y ambientales.

La conclusión: El Gobierno desplazó la discusión desde la palabra “despido” hacia “reestructuración” y ahora deberá demostrar qué significa en la práctica, si los guardaparques permanecen con sus funciones y destinos, la consecuencia habrá sido administrativa; si se modifican contratos, jefaturas o mecanismos de selección, el alcance será mayor.