Lo esencial: Los decretos 5697 y 5699 declaran que no suprimen la ANH ni tocan exploración y producción, y los tres cambios que el Gobierno anuncia —regulador nuevo, YPFB productora y contratos 50/50— dependen de una ley que la Asamblea no ha recibido.

Por qué importa: Hasta que venzan las intervenciones, lo que ocurra en el surtidor depende de recomendaciones administrativas reversibles, no de reglas con fuerza de ley.

Para quien evalúa invertir en exploración, la única puerta es una ley que no existe.

Lo que los decretos ya fijan: Los dos textos delimitan por escrito lo que sus comisiones no pueden hacer.

Ninguno suprime la entidad intervenida ni cambia su naturaleza jurídica o estructura (DS 5699, Art. 4.III; DS 5697, Art. 4.II).
El DS 5697 se limita a la importación y distribución de carburantes (Art. 1). Exploración, producción y contratos con operadoras no aparecen en el texto.
El DS 5699 cita el Art. 25 de la Ley 3058, el que fija las atribuciones del Ente Regulador, y ordena a su Comisión actuar “sin sustituir las competencias legalmente atribuidas a la ANH” (Art. 5.II).

Lo que solo una ley puede cambiar: Los tres anuncios del Gobierno sobre el sector exceden lo que un decreto puede disponer.

Regulador nuevo: el 17 de agosto el Gobierno anunció que otro ente reemplazará a la ANH “hasta fin de año”. La sigla nació por decreto en 2009, pero sus atribuciones están en los artículos 24 y 25 de la Ley 3058.
YPFB productora: en abril, el entonces ministro Mauricio Medinaceli presentó ese rol como eje de la nueva ley. El DS 5697 deja fuera esa parte de la cadena.
Contratos 50/50: el presidente Rodrigo Paz describió el sábado en Tarija un modelo en el que empresa y Estado comparten riesgos y beneficios.

Cinco meses de “próximos días”: La ley de hidrocarburos lleva desde abril anunciada como inminente.

El 9 de abril, Medinaceli dijo que el proyecto estaba “listo”; el 20, el ministerio anunció el envío “en los próximos días”.
El 22 de abril, Paz relevó a Medinaceli, le agradeció “el diseño de la ley” y encargó a Marcelo Blanco socializarla.
Este sábado, Paz volvió a hablar de una norma “a ser enviada” a la Asamblea.
Ese “50/50” ya tuvo tres significados desde marzo; en junio, en El Alto, era el reparto de ingresos entre el nivel central y los departamentos.

La otra secuencia, Constitución primero: Tres proyectos de reforma parcial de la Constitución están presentados en la Asamblea, dos de Unidad y uno de Libre, y sus autores sostienen que sin ese paso ninguna ley atraerá inversión.

El diputado Carlos Alarcón (Unidad) propone “desconstitucionalizar” 30 artículos, que pasarían a rango de ley modificable por dos tercios. Entre ellos están el 361, 362, 363 y 367, el núcleo del régimen de hidrocarburos.
El mismo proyecto deroga los textos que prohíben el arbitraje internacional a las petroleras extranjeras (Art. 366) y que someten toda inversión extranjera a las leyes bolivianas (Art. 320.II).
Libre, con Jorge Quiroga, condiciona su apoyo a la Ley de Inversiones a que primero se reforme la Constitución para permitir arbitrajes fuera del país.
El IBCE y la Cámara Nacional de Industrias sostienen que sin reforma constitucional la ley no basta para dar al inversionista la garantía que busca.
Carlos Delius, expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, plantea que lo primero es un acuerdo político para cambiar la Constitución y repensar el rol de YPFB.

Cuatro instrumentos, cuatro velocidades

Qué decide cada norma, quién la dicta y en qué plazo. Fuente: DS 5697 y DS 5699 (Gaceta Oficial), Ley 3058, CPE Arts. 362, 363 y 411, proyectos de reforma parcial presentados en la ALP. Estado al 6 de septiembre de 2026. Elaboración: El Post

Instrumento	Qué resuelve	Quién decide	Plazo verificable	Estado hoy
Resolución Multiministerial	El reglamento de cada Comisión de Intervención: cómo funciona, si los ministros delegan y con qué plazos exige información.	Las propias comisiones (cinco carteras para YPFB, cuatro para la ANH).	5 días hábiles desde cada decretoYPFB: hasta el 8 de septiembre. ANH: hasta el 9.	Sin publicación conocida al cierre.
Decreto Supremo	La intervención de YPFB (importación y distribución de carburantes) y de la ANH (regulación de toda la cadena). Ninguno cambia la estructura de las entidades.	El Presidente en Consejo de Ministros. Ampliación por Resolución del ministro de Hidrocarburos.	180 días, una ampliación de hasta 90Informe inicial: hasta el 8 y 9 de octubre. Vencimiento: 28 de febrero y 1 de marzo de 2027. Con ampliación: 29 y 30 de mayo de 2027.	Vigentes desde el 1 y 2 de septiembre. Sin interventor; comisiones sin reglamento conocido.
Ley	Un regulador nuevo en lugar de la ANH, el rol productor de YPFB, el régimen de contratos con operadoras y los incentivos a la inversión.	La Asamblea Legislativa, por mayoría, en ambas cámaras.	Sin plazo legalEl Gobierno anunció “hasta fin de año” el nuevo modelo de gobernanza del sector.	Inversiones: en la Comisión de Planificación de Diputados (enviada el 11 de agosto, devuelta el 18, reenviada el 27). Hidrocarburos: sin envío.
Reforma constitucional	Los artículos 361 a 363 y 367 (YPFB única operadora, contratos de servicios, 51% en sociedades mixtas) y la prohibición del arbitraje internacional.	Dos tercios de la Asamblea y luego referéndum nacional (Art. 411).	Sin plazoNingún proyecto fija fecha para el referéndum.	Tres proyectos presentados (dos de Unidad, uno de Libre); sin tratamiento reportado.

Sí, pero: El Gobierno sostiene que la Ley de Inversiones habilita arbitraje internacional sin tocar la Constitución, a través de los tratados de la CAN y el Mercosur, y ni entre los reformistas hay acuerdo sobre la palabra "primero".

Alarcón afirma que la Asamblea puede tratar en simultáneo la reforma y las leyes estructurales; Libre condiciona una a la otra.
Toda reforma parcial exige dos tercios de la Asamblea y luego un referéndum nacional (Art. 411), requisito que ninguna ley tiene.
El entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, reconoció en agosto que solo alcanzar consensos básicos para una reforma podría tomar entre tres y seis meses.
YPFB comunicó el 2 de septiembre que sus operaciones continúan con normalidad y que su presidente sigue al frente.

Qué sigue: El estado de excepción del DS 5636 vence el 20 de septiembre. La Comisión de Planificación de Diputados espera un nuevo borrador de la Ley de Inversiones esta semana, según el diputado Alberto Porcel, y Paz anunció novedades energéticas para Santa Cruz en septiembre, sin fecha ni contenido.