Lo esencial: Los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez anunciaron el viernes un acuerdo para desarrollar 17 campos petroleros venezolanos con operadores privados, el mayor pacto energético entre ambos países desde el restablecimiento de relaciones.

Por qué importa: La región acelera la apertura de sus reservas al capital privado mientras las dos leyes con las que Bolivia busca atraer inversiones siguen sin aprobarse: la de inversiones, cuestionada por la oposición por sus alcances en arbitraje, y la de hidrocarburos, que aún no llegó a la Asamblea.

Los hechos

Trump afirmó en Truth Social que EEUU aseguró el “control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles” de reservas probadas, sin costo para el contribuyente estadounidense, en una negociación conducida por Marco Rubio y Pete Hegseth.
Un funcionario de la Casa Blanca detalló a CNN que el pacto otorga a EEUU el control efectivo del 55% de la producción de una nueva empresa conjunta privada.
Rodríguez estimó inversiones por más de $us 100.000 millones y más de $us 209.000 millones en tributos para el Estado venezolano.
El operador privado no fue identificado y los términos jurídicos completos del acuerdo no se hicieron públicos.

Contexto: El pacto llega ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y del ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas en marzo y Caracas aprobó reformas para abrir su sector energético al capital extranjero.
Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo, pero hoy produce unos 1,25 millones de barriles diarios.
El anuncio ocurre con la gasolina estadounidense encarecida por la guerra con Irán, a nueve semanas de las legislativas del 3 de noviembre.

El contraste regional: En dos semanas, tres países vecinos definieron posiciones opuestas sobre quién controla su petróleo.

Venezuela cedió el desarrollo de sus reservas a una empresa conjunta bajo control estadounidense, según los términos anunciados por Trump.
Brasil blindó las suyas: tras el hallazgo del pozo Morpho en el Margen Ecuatorial (14 de agosto), el presidente Lula da Silva lo presentó como una cuestión de soberanía nacional y advirtió que su país no permitirá “que nadie meta el dedo” en un crudo de esa calidad.
Bolivia sigue sin marco: la Ley de Inversiones que el oficialismo apuntaba a aprobar en agosto continúa en Diputados —que negocia unificar cuatro proyectos— y el presidente Rodrigo Paz pidió “premura” el 25 de agosto; la ley de hidrocarburos anunciada el 6 de agosto aún no fue presentada.

El nudo del arbitraje: El capítulo más disputado de la Ley de Inversiones es quién resuelve las controversias entre el Estado y los inversionistas, y en hidrocarburos el candado es constitucional: el artículo 366 de la CPE veta los tribunales extranjeros en toda la cadena del sector, el mismo que Venezuela acaba de abrir.

La bancada de Libre anunció que no respaldará el proyecto por su capítulo arbitral; el senador José Manuel Ormachea sostiene que la ley “va explícitamente en contra” de la Constitución y condiciona el apoyo a una reforma previa de la CPE.
El ex-ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, mencionó que el arbitraje internacional es posible sin tocar la Constitución, por la vía de los tratados del Mercosur y la CAN, y anunció que para hidrocarburos la salida serán los contratos de asociación de la futura ley del sector, la misma que aún no llegó a la Asamblea.

Qué sigue

Los términos jurídicos y la identidad del operador privado del acuerdo siguen pendientes de publicación.
La reacción del mercado petrolero se verá el lunes: el Brent operó esta semana cerca de $us 90 por la guerra con Irán.
En La Paz, Diputados negocia la ley unificada de inversiones con dos proyectos de reforma constitucional corriendo en paralelo, y el Ejecutivo comprometió la ley de hidrocarburos para los próximos meses.