Lo esencial: El vocero presidencial José Luis Gálvez definió a Fernando Cerimedo como “colaborador cercano” sin cargo en la estructura del Estado, tres meses después de que el consultor aprehendido se declarara asesor personal del presidente Rodrigo Paz.

Por qué importa: La discusión sobre el estatus de Cerimedo no es semántica: de la condición de servidor público dependen todas las obligaciones de control del Estado boliviano. Quien asesora sin cargo accede al poder sin quedar sujeto a ninguna de ellas.

El estatus, en sus palabras

Cerimedo, el 22 de mayo en Radio Rivadavia: “Soy asesor personal del presidente”. Fue su primer reconocimiento público del rol.
Gálvez, el martes: la colaboración nació en la campaña y siguió en temas concretos de comunicación digital; el cargo de asesor principal que figura en tarjetas halladas en el allanamiento no existe en la estructura del Estado y el Gobierno no emitió esas credenciales. Al asumir la vocería en abril, contó, entendió que Cerimedo mantenía una asesoría personal del presidente como resabio de la campaña.
El vicepresidente Edmand Lara: pese a ser asesor personal del presidente, debe ser investigado como cualquier otra persona.

Los objetos: Dos piezas físicas del caso encarnan la misma discusión:

Las tarjetas halladas en el allanamiento lo presentan como “asesor principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, con el membrete de la Oficina del Presidente y, en las imágenes que circularon, un correo con el dominio oficial de la Presidencia (presidencia.gob.bo). El desmentido oficial abarca el cargo y la emisión de las tarjetas; no aclara si esa casilla en el dominio estatal existió ni quién la habría habilitado.
Una distinción de un curso de seguridad y protección de personas, fechada en La Paz el 10 de abril de 2026 y difundida por Beller en sus redes, lo nombra “asesor personal de S.E.”; en la misma fotografía se ve un cajón con fajos de billetes.

Los recursos, en disputa

Beller afirmó, en una nueva entrevista difundida en medios, que Cerimedo usaba una camioneta del gobierno, un policía con sueldo estatal y una oficina contigua a la del presidente.
El Gobierno descartó que haya gozado de privilegios como escolta personal o guardia.
En el allanamiento a su departamento en La Paz, el fiscal departamental Carlos Torres reportó un vehículo “con particularidades que hacía parecer como un vehículo oficial” y una camiseta de la Policía boliviana.

El vacío

La declaración jurada de bienes ante la Contraloría es obligatoria para servidores públicos; un asesor informal no declara patrimonio ante nadie.
La Ley 1178 fija responsabilidades administrativa, ejecutiva, civil y penal por el ejercicio de la función pública; sin función formal, no existe responsabilidad administrativa que perseguir.
Bolivia no tiene ley de lobby ni registro de gestores de intereses: quien influye en decisiones públicas sin cargo no está obligado a inscribirse ni a transparentar sus reuniones.

La región: La gestión de intereses —el nombre legal del lobby: toda actividad destinada a influir en decisiones públicas en favor propio o de terceros— ya tiene reglas en los países vecinos:

Chile obliga desde 2014 a registrar las audiencias de lobby con autoridades, y tramita una modernización que amplía la figura a todo representante de intereses.
Perú regula la gestión de intereses por ley desde 2003.
Argentina envió al Congreso en mayo un proyecto de Régimen de Gestión de Intereses que alcanza a asesores y colaboradores e incorpora la gestión de interés extranjero: el lobby ejercido por cuenta de gobiernos, partidos o personas de otros países.

Sí, pero: Asesorar sin cargo no es un delito ni una figura prohibida: la colaboración informal es práctica extendida en la política boliviana y regional.

Las acusaciones de corrupción que rodean el caso siguen sin verificación independiente, y la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo recién comienza.

Qué sigue: La Asamblea, que ya había pedido informes sobre el rol de Cerimedo, tiene ahora el caso como antecedente para discutir una ley de gestión de intereses. La causa por presunto enriquecimiento ilícito probará qué normas sí alcanzan a un particular.