Ley de Inversiones: hasta 80% menos de impuesto a las utilidades a cambio de compromisos

Lo esencial: El proyecto de Ley de Inversiones permite a una empresa pagar hasta 80% menos del Impuesto sobre las Utilidades (IUE), pero el beneficio no es automático: la Agencia Nacional de Inversiones evaluará cada proyecto sobre 100 puntos y la rebaja crecerá según el puntaje obtenido, con un mínimo de 40 puntos para acceder.

Por qué importa: El Estado dejará de cobrar parte del impuesto a cambio de compromisos concretos.

• Una empresa que genere empleo formal, exporte o industrialice pagará menos impuesto que otra que no lo haga, aunque ambas inviertan lo mismo.
• Quien decide cuánto paga cada empresa es una entidad estatal nueva, la ANI, que asignará el puntaje según criterios fijados por la ley.

Cuánto menos se paga: La rebaja del IUE sube por tramos de puntaje.

• El mínimo para acceder es de 40 puntos; por debajo de eso no hay beneficio.
• En cada año fiscal la rebaja no puede superar el 80% del impuesto calculado, y lo que no se usa no pasa al año siguiente.

Qué se evalúa: La ley reparte 100 puntos entre ocho criterios, y el peso de cada uno muestra las prioridades del Estado.

• Empleo formal y capacitación: 20 puntos, el criterio que más pesa.
• Exportaciones y divisas, valor agregado e industrialización, e innovación e investigación: 15 puntos cada uno.
• Compras nacionales y proveedores, descentralización territorial, y sostenibilidad con tecnologías limpias: 10 puntos cada uno.
• Reinversión y compromiso de largo plazo: hasta 5 puntos.

El candado verde: Un proyecto que saque cero puntos en sostenibilidad, tecnologías limpias y eficiencia energética queda descalificado por completo, sin importar cuánto sume en los demás criterios: no puede acceder a la rebaja del impuesto.

La otra cara: temporal y reversible: Los beneficios no son un cheque en blanco.

• Están atados a metas verificables; si la empresa incumple los compromisos que le dieron el beneficio, la administración puede revocarlo y exigir la devolución proporcional.
• Ningún decreto supremo puede crear ni ampliar beneficios, porcentajes o plazos más allá de lo que fija la ley: solo puede desarrollar procedimientos y controles.

Una alternativa: En lugar de la rebaja del IUE, la empresa puede optar por la depreciación acelerada, que reduce hasta en 50% la vida útil fiscal de los bienes de capital e infraestructura elegibles. Son excluyentes: se elige una de las dos.

Qué sigue: Las fórmulas de cálculo, la verificación y el control quedarán para la reglamentación por decreto, que no podrá alterar los porcentajes ni los umbrales de la ley. El proyecto espera tratamiento en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.