Nueva propuesta para elegir magistrados plantea entrevistas públicas y elimina el voto en plancha
Lo esencial: El proyecto de ley aprobado el 22 de julio para elegir magistrados del TCP y TSJ establece un proceso de evaluación en tres fases, con examen de méritos, prueba oral y entrevista pública. Además, elimina la votación en plancha y establece que la probidad podrá causar la inhabilitación si existen elementos probados que comprometan al postulante.
Por qué importa: El nuevo mecanismo busca que los legisladores conozcan directamente a los candidatos antes de votar y que la decisión sobre cada postulante se realice de manera individual, eliminando la práctica de acuerdos políticos previos para favorecer a determinados aspirantes.
El plan: El proyecto establece tres etapas de evaluación para los postulantes.
- La primera fase comprende la revisión de requisitos habilitantes y evaluación de méritos sobre 100 puntos, donde los candidatos deben obtener al menos 80 puntos para avanzar.
- La segunda etapa es una evaluación oral con preguntas preparadas por universidades y una comisión de expertos independientes, también valorada sobre 100 puntos.
- La tercera fase es una entrevista pública sin calificación numérica, diseñada como un diálogo para conocer cómo el postulante resolvería conflictos determinados.
Qué dicen: “Es un diálogo con el postulante para conocer cómo resolvería un conflicto determinado”, explicó Kathia Saucedo, secretaria técnica de la Comisión de Constitución, sobre la entrevista pública.
- Saucedo también cuestionó que en el anterior proceso se hayan asignado 40 puntos a la presentación de una declaración jurada mediante la cual los postulantes afirmaban cumplir con el requisito de probidad.
Entre líneas: La Comisión de Constitución considera que la votación en plancha puede estar vinculada a acuerdos políticos previos, donde las organizaciones negocian y definen a qué postulantes respaldarán para luego distribuir una lista entre sus legisladores.
Qué sigue: La propuesta contempla un periodo de hasta 200 días para desarrollar la evaluación en el Legislativo y posteriormente organizar la votación a través del Tribunal Supremo Electoral.
