Después de nueve meses, el Gobierno interviene YPFB por presunta corrupción
Lo esencial: El Gobierno ordenó este miércoles una intervención jurídica, técnica y ejecutiva en YPFB y abrió investigaciones patrimoniales contra los funcionarios señalados para detectar incrementos injustificados de su patrimonio, después de nueve meses de gestión.
Por qué importa: YPFB administra el abastecimiento de combustibles del que dependen el transporte, la producción y el consumo diario del país.
- Para el usuario, una medida sobre la gestión de la estatal, en pleno conflicto por las filas y la calidad del carburante, define si las fallas de control denunciadas empiezan a corregirse o persisten.
Contexto: No es la primera acción del actual Gobierno sobre YPFB. Desde noviembre de 2025 la estatal desvinculó a 410 funcionarios en una reestructuración técnica, intervino sus distritos comerciales y puso plantas bajo control del Ejército, y tuvo tres presidentes en cinco meses.
- Hace dos semanas, el ministro Marcelo Blanco admitió que la reestructuración, financiada con fondos del Banco Mundial, avanzaba con demora.
Los hechos
- Un equipo multidisciplinario dependiente de la Presidencia Ejecutiva revisará las áreas de comercialización, facturación, sistemas y otros procesos operativos.
- Las denuncias apuntan a cobros para autorizar mayores volúmenes, despachos preferenciales y trámites de licencias para estaciones de servicio.
- El Gobierno habilitará una plataforma para que productores, transportistas y ciudadanos denuncien irregularidades, articulada con las unidades de transparencia y el Viceministerio de Justicia.
Sí, pero: YPFB sostiene que las filas no responden a una escasez.
- El mismo día, en su cuenta oficial, la estatal atribuyó la afluencia en surtidores al consumo previo al feriado del 6 de agosto y aseguró que “el abastecimiento está garantizado en todo el país”.
Qué sigue: El Gobierno reserva los nombres de los presuntos implicados hasta formalizar las denuncias ante la Fiscalía. La reestructuración se extenderá luego a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a otras empresas estatales del sector.
