Criptominería con gas de Chaco Energías: el informe de Roca describe 10 años comprometidos y multas al Estado
Lo esencial: El informe parlamentario del senador Leonardo Roca (Libre) sobre el caso Paratech concluye que el acuerdo de criptominería obligaría al Estado a garantizar gas para generación eléctrica durante 10 años y a pagar multas si recorta el suministro, incluso si se requiriera priorizar el consumo de los bolivianos.
Por qué importa: El 67,5% de la electricidad del sistema nacional sale de termoeléctricas que queman gas, según el operador del sistema (CNDC), y ese gas ya no alcanza: YPFB reconoció en marzo que el país podría necesitar importarlo antes de 2031, y la Fundación Jubileo anticipa ese escenario para 2028 o 2029 — en plena vigencia del compromiso denunciado.
- Si eso ocurre, advierte el informe, Bolivia quedaría atada por contrato a alimentar una criptominera privada con un gas que le faltaría para sus propios hogares e industrias: lo que el documento llama una “hipoteca energética”.
La multa por proteger a los bolivianos: La carta firmada que el informe reproduce incluye una tabla de penalidades contra el Estado: cuantas más horas de suministro le recorte a la criptominera, más alta la multa, hasta llegar al 70% de lo facturado.
- El informe advierte que esto invierte la prioridad natural de un Estado sobre su energía: en una crisis de gas, racionar a la población para no multarse — o proteger a la población y pagar por hacerlo.
La escalera de multas: lo que pagaría el Estado por recortarle luz a la criptominera
Tabla de penalidades de la carta de intención firmada, reproducida en el informe del senador Roca (no verificada de forma independiente)El mes tiene 720 horas de suministro posible. Por cada tramo de horas que Chaco Energías no entregue, la multa sube sobre lo facturado:
(36 horas)
(72 horas)
(144 horas)
(216 horas)
(288 horas)
(360 horas)
(432 horas)
(más de 432 horas)
La lectura del informe: hasta un día y medio de cortes al mes no cuesta nada, pero si una crisis de gas obligara al Estado a entregar menos del 40% del mes para priorizar hogares, hospitales e industria, tendría que pagarle a la criptominera el 70% de lo facturado. Proteger a los bolivianos tendría precio.
La apuesta del precio: El negocio solo cierra con gas subsidiado. El precio que pagan las termoeléctricas —$us 1,30 por millón de BTU— no lo decide Chaco Energías: lo fija un decreto supremo vigente desde hace más de dos décadas, y ninguna gerencia puede garantizar que sobreviva 10 años más.
- Según los cálculos del informe, con ese gas subsidiado generar 1 MWh cuesta unos $us 11 y se vendería a 24; pero si el gas se valorara a precio de exportación, el costo real superaría los $us 100. La diferencia acumulada en la década: un subsidio implícito de $us 180 a 200 millones transferido a la criptominera.
El calendario que no cierra: 10 años de gas comprometido, con la importación en el medio
Cruce de El Post: la vigencia denunciada del acuerdo frente a las proyecciones oficiales y de analistas sobre el gas2024 ——————————————— 2036
La franja naranja es la década que cubriría el acuerdo (febrero 2025 – febrero 2035, según la carta que exhibe el informe). La franja roja es cuando Bolivia podría empezar a importar gas: queda íntegramente adentro.
Dos decretos supremos (26037 y 29510) fijan el gas para termoeléctricas en $us 1,30 por millón de BTU. El subsidio sigue vigente hasta hoy.
Se firma la carta de intención con vigencia de 10 años, según el informe de Roca. El precio pactado solo es negocio si el gas sigue a $us 1,30 toda la década.
Ventana en la que Bolivia podría verse obligada a importar gas, según la Fundación Jubileo, pagando entre $us 10 y 12 por MMBTU: unas 8 a 9 veces el precio interno.
La propia YPFB reconoció en marzo de 2026 que, al ritmo actual de producción, el país podría necesitar importar gas para abastecer su mercado interno.
Recién aquí terminaría el compromiso denunciado. Hasta entonces, el Estado estaría obligado a garantizar el gas de la criptominera, con las multas ya conocidas si no cumple.
El trasfondo: El informe también sostiene que el proyecto avanzó amparado por una red de protección montada en YPFB y sus subsidiarias durante la gestión anterior, y atribuye a Marcelo Arce, hijo del expresidente Luis Arce, la designación del gerente general de Chaco Energías.
- Como señal de esa red, el documento denuncia que José Padilla, el directivo que intentó fiscalizar el proyecto desde el directorio, fue apartado de su cargo.
Sí, pero: Chaco Energías niega que exista un contrato de suministro: sostiene que solo hay un acuerdo preliminar de intención para continuar estudios. Las conclusiones citadas son la lectura del senador sobre los documentos que exhibe.
- Corresponderá a las instancias a las que Roca remitió el caso —Procuraduría, Contraloría y Ministerio Público— establecer el valor jurídico de la carta firmada y las eventuales responsabilidades.
Qué sigue: El informe pide al presidente la intervención inmediata de Chaco Energías para auditar todo lo actuado en el proyecto. Además plantea:
- Que la investigación no la conduzcan ni el presidente de YPFB ni el ministro de Hidrocarburos, a quienes el documento atribuye conflictos de interés con el caso.
- Que los hallazgos se remitan al Ministerio Público para evaluar eventuales delitos.
- Una Ley de Minería de Criptomonedas con contratos de riesgo compartido y 40% de la producción destinada a las reservas del Banco Central.
