Ejecutivo, Judicial y Legislativo alcanzan primer acuerdo para financiar la justicia con depósitos judiciales no reclamados
Lo esencial: Los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo alcanzaron este viernes el primer acuerdo de las mesas de trabajo para enfrentar la crisis financiera de la justicia: un proyecto de ley que permitirá destinar depósitos judiciales abandonados, al financiamiento del sistema judicial.
Por qué importa: El Órgano Judicial enfrenta una crisis presupuestaria que a comienzos de julio puso en riesgo el funcionamiento de los tribunales, con la posibilidad de una paralización de actividades.
- Esta ley crearía una nueva fuente de financiamiento sin afectar el dinero de procesos vigentes ni los derechos de ciudadanos que aún pueden reclamar sus depósitos.
El contexto: Los depósitos judiciales son montos que personas, empresas o instituciones consignan por orden de un juez mientras se resuelve un proceso: garantías procesales, cauciones, indemnizaciones o dinero retenido por disputas civiles o comerciales.
- Algunos depósitos nunca son reclamados tras concluir el proceso, ya sea porque los beneficiarios fallecieron, cambiaron de domicilio, desconocen que pueden retirarlos o abandonaron el trámite.
- Una ley de noviembre de 1923 establece que estos recursos prescritos pasan al Tesoro General de la Nación, impidiendo que se destinen a la administración de justicia pese a provenir de la actividad judicial.
Qué dicen: “Una ley ya obsoleta de 1923 nos impedía disponer de estos recursos para alivianar la crisis en el sistema de justicia”, afirmó Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, durante una conferencia conjunta.
El plan: El proyecto de Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales será remitido de inmediato a la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la expectativa de que sea promulgado antes del 6 de agosto.
- La iniciativa se refiere únicamente a recursos que ya hubieran prescrito conforme a la ley y que permanecen abandonados desde hace años.
- Una persona con depósito judicial vigente seguirá pudiendo recuperarlo cuando exista una resolución judicial que así lo determine.
Sí, pero: El texto íntegro del proyecto aún no fue difundido. Será durante el tratamiento legislativo cuando se conozcan los plazos, procedimientos y mecanismos previstos para declarar la prescripción de estos recursos.
- Tampoco se ha informado el monto total de depósitos prescritos que podrían transferirse ni el impacto financiero sobre el presupuesto judicial.
Entre líneas: El debate legislativo no solo definirá una nueva fuente de financiamiento para la justicia, sino también las garantías para preservar los derechos de quienes alguna vez depositaron recursos en el marco de un proceso judicial.
Qué sigue: La ALP recibirá el proyecto para su tratamiento, con la meta de aprobarlo antes del 6 de agosto. Las ocho mesas técnicas instaladas entre los tres órganos del Estado continuarán elaborando propuestas de reforma institucional y financiera.
