Ministro José Gabriel Espinoza durante su comparecencia en la Cámara de Diputados
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La Cámara de Diputados aprueba préstamo del BID para sostener los bonos

Lo esencial: La Cámara de Diputados aprobó a casi medianoche del miércoles un préstamo de hasta $us 500 millones del BID para el sistema de protección social y remitió la norma al Senado para su revisión.

Por qué importa: El crédito costea por casi 11 meses el pago de la Renta Dignidad y el Bono Pepe; desde 2027 esos pagos pasarían al Presupuesto General del Estado.

  • La deuda tiene un plazo de 18 a 40 años y un período de gracia de 8 a 10, por lo que —según el ministro de Economía— empezaría a honrarla el próximo gobierno.

Los números: El préstamo combina financiamiento nuevo con recursos no ejecutados de programas anteriores del BID.

  • Del total, $us 290 millones son financiamiento nuevo; el resto proviene de recursos no ejecutados de dos programas anteriores.
  • El Ministerio de Economía detalló que $us 485 millones irían al complemento de la Renta Dignidad y bonos sociales, y $us 12,5 millones a crear un Registro Social de Hogares.
  • El contrato 6131/OC-BO se suscribió el 12 de marzo de 2026 y el pago recae en el Tesoro General de la Nación.

Qué dicen: El ministro José Gabriel Espinoza aseguró que el préstamo no irá a gasto corriente sino a bonos sociales, y denunció presuntas irregularidades en gestiones pasadas —beneficiarios inexistentes y cobros dobles—: “Papás que son tutores de 40, 50 o hasta 67 niños”. No precisó en qué departamento se detectaron ni si habrá acciones legales.

  • Diputados cuestionaron recurrir a crédito externo para sostener bonos y pidieron detallar las condiciones y el costo del préstamo para el país.

El Registro Social de Hogares: Espinoza lo defendió como herramienta para focalizar los bonos e identificar a la población vulnerable; aclaró que no reemplaza al Censo de 2024 —que no midió ingresos— y que no eliminará la Renta Dignidad.

  • El objetivo, dijo, es bancarizar y digitalizar los pagos para reducir el fraude.

Qué sigue: La norma pasa al Senado. De sancionarse, el Ejecutivo deberá presentar a la Asamblea informes semestrales, orales y escritos, sobre el uso y la ejecución de los recursos hasta que concluya el programa.

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