Pedro Callisaya defiende su rol en los bloqueos ante pedido de su destitución

Lo esencial: El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, negó este sábado haber estado ausente durante los 53 días de bloqueos, mientras la bancada de Libre pide destituirlo con una denuncia penal, un informe oral y el congelamiento de su presupuesto.

Por qué importa: La denuncia penal y el congelamiento del presupuesto no apuntan solo a Callisaya, sino a la entidad que por mandato constitucional debería vigilar los derechos humanos frente a cualquier gobierno, y que arrastra cuestionamientos por no ejercer ese rol con independencia en los últimos años.

Qué dice Libre:

• El diputado Édgar Zegarra afirma que Callisaya “no abrió la boca para solidarizarse” con los afectados por los bloqueos, y la diputada Lissa Claros sostiene que el defensor “desapareció” durante los 53 días.
• Zegarra lo acusa de parcializarse con los bloqueadores y de “responder al MAS”, el partido que respaldó su designación en 2022; plantea que, si las muertes hubieran venido del otro bando, el defensor habría reaccionado de inmediato.
• Claros afirmó que la institución “absorbe más o menos 500 millones” del presupuesto estatal sin cumplir su rol; esa cifra es falsa: Bolivia Verifica constató que el presupuesto 2026 es de Bs 43,7 millones asignados y Bs 36,1 millones ejecutables tras el recorte.

Qué responde Callisaya: En entrevista con ANF, el defensor negó haber estado ausente y rechazó deberle algo al MAS, sin aludir a Libre por su nombre.

• Sostuvo que la Defensoría no tiene mandato para desbloquear, que privilegió el diálogo para no promover la violencia, y que sí actuó: emitió un reporte sobre los terceros afectados, gestionó el paso de cisternas de oxígeno y elevó a la CIDH el caso de los transportistas varados.

El patrón que enmarca el reclamo: La acusación de parcialidad no es nueva ni exclusiva de Callisaya; los dos defensores anteriores también la cargaron.

• David Tezanos (2016-2019) reconoció figurar como militante del MAS y Nadia Cruz (2019-2022) pasó de la Defensoría a un viceministerio del gobierno de Arce (MAS); los tres fueron designados o sostenidos por la mayoría del MAS en la Asamblea, que gobernó 19 años.

Sí, pero:

• Callisaya afirma que su independencia se mide en acciones, no en su designación: recuerda las demandas de la Defensoría contra gobiernos del MAS por el litio, los contratos mineros y el río Beni, y su choque con el exministro Eduardo del Castillo.
• El pedido de congelar el presupuesto recae sobre una institución ya recortada: el Ejecutivo le redujo el 30% de la masa salarial en 2026, lo que obligó a despedir a 44 funcionarios y cerrar cinco oficinas de frontera.
• La GANHRI —red internacional que acredita a las defensorías según los Principios de París de la ONU— mantuvo a la boliviana en su máxima categoría, el estatus A, en su revisión de 2024.

Qué sigue: Libre anunció que llevaría la denuncia penal a la Fiscalía por incumplimiento de deberes; el informe oral y el congelamiento del presupuesto se definen en la Asamblea, donde es la bancada mayoritaria.