Lo esencial: Tras descartarse la presencia de droga en la madera boliviana retenida en Chile y Brasil, el Gobierno exige explicaciones a las autoridades chilenas por el daño causado al sector exportador, mientras la oposición sostiene que el caso evidenció fallas del Estado en la lucha contra el narcotráfico y responsabiliza al Ejecutivo por esos controles.

Por qué importa: El caso dejó consecuencias que trascienden la investigación inicial: empresas exportadoras que construyeron mercados internacionales durante años enfrentan pérdidas económicas y reputacionales, mientras las relaciones diplomáticas con Chile y Brasil —calificados como socios estratégicos— también quedaron bajo tensión.

El presidente Rodrigo Paz advirtió que algunos actores “aprovecharon políticamente creyendo que le hacían daño al Gobierno, cuando en realidad perjudicaban a empresarios”.

Panorama general: El debate se dividió en tres frentes con posiciones distintas sobre quién debe asumir las responsabilidades tras descartarse la hipótesis de la droga impregnada en la madera.

El Gobierno atribuye el daño a las “declaraciones apresuradas” del fiscal de Arica y anuncia gestiones diplomáticas junto con la Cancillería para exigir explicaciones y buscar un resarcimiento.
El sector empresarial califica el episodio como un “show mediático” y reclama procesos legales para obtener una reparación por el perjuicio comercial y reputacional.
La oposición sostiene que la denuncia inicial expuso presuntas fallas en los controles antidrogas del Estado, responsabiliza al Gobierno por esa gestión y promueve interpelaciones y una comisión legislativa para investigar la actuación de las autoridades.

Los números: La Cámara Forestal de Bolivia informó que las exportaciones del sector cayeron 66,1% durante el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

La entidad atribuye la caída al endurecimiento de los controles fronterizos tras el caso, además de los bloqueos y la escasez de combustible.

Qué dicen:

“Le han hecho un daño enorme a empresas en el país de manera irresponsable”, afirmó el canciller Fernando Aramayo, quien sostuvo que durante semanas solo existieron declaraciones públicas sin respaldo pericial.
El vicepresidente Edmand Lara afirmó que el caso demuestra el “fracaso de toda la política de Estado contra el narcotráfico” y responsabilizó al ministro de Gobierno, la Policía y la FELCN por los presuntos fallos en los controles que, según sostuvo, quedaron en evidencia con la denuncia inicial.
El expresidente Jorge Quiroga calificó el caso como una “gigantesca vergüenza” y aseguró que evidenciaba la expansión del narcotráfico y las fallas de los controles estatales.
“Que las investigaciones den con los responsables y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Pando no se resume a este escándalo; es un departamento de gente honesta”, sostuvo la gobernadora Gabriela de Paiva.

Entre líneas: La disputa ya no gira únicamente en torno a si existió o no droga en la madera. El Gobierno sostiene que las pericias desmontaron una denuncia que dañó injustamente al sector exportador y apunta a las autoridades chilenas por ese perjuicio. La oposición, en cambio, mantiene que la denuncia inicial puso en evidencia debilidades de los controles estatales y utiliza el caso para cuestionar la gestión del Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, desafió a los expresidentes Evo Morales y Jorge Quiroga, además del vicepresidente Edmand Lara, a designar representantes para seguir la investigación, en respuesta a las críticas sobre el manejo del caso.

Qué sigue: El diputado Rafael López anunció que impulsará la interpelación del ministro Marco Antonio Oviedo y buscará su censura, mientras la asambleísta Daniela Cabrera informó que su bancada analiza conformar una comisión especial para hacer seguimiento a las investigaciones. Paralelamente, la Gobernación de Pando convocó a reuniones con el sector forestal para evaluar el impacto económico del caso.